Vamos a ahorrar tiempo. Establecer en la ley que los candidatos a un cargo de elección popular se realicen una prueba antidoping es inconstitucional, si esto sucede será solo un asunto voluntario entre quienes así lo decidan.
Se los digo porque la semana pasada el presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar, dijo que estaba a favor de establecer esto en la ley, pero que, por lo tiempos electorales, sería imposible que quedara listo para el 2027.
Sin embargo, esto no se podrá ni hoy ni nunca. Les explico.
La Suprema Corte ya ha analizado disposiciones estatales que intentaron hacerlo. Por ejemplo, en Sonora se exigió acompañar la solicitud de registro con un examen toxicológico.
La Corte consideró que, aunque los estados tienen margen para regular requisitos, esa exigencia afectaba el derecho constitucional a ser votado y vulneraba principios de legalidad y certeza electoral.
También existió un antecedente en el entonces Distrito Federal, donde se pretendía obligar a candidatos a realizarse dos exámenes antidoping y publicar los resultados.
El asunto generó objeciones tanto por el derecho a la privacidad como por la falta de claridad sobre qué consecuencias tendría un resultado positivo.
¿Qué pasará entonces?
Es un tema netamente voluntario y que, al no estar normado, podría ser nada más una faramalla para ser utilizada en el proceso electoral.
Ahora, los primeros terminan ganando en percepción. Por ejemplo, hoy el gobernador Alejandro Armenta dijo que con gusto se hace la prueba, como una muestra de voluntad política.
El gobernador @armentapuebla_ se dijo dispuesto a hacerse la prueba de antidoping. Señaló que aplicar esta medida en procesos electorales ayudaría a que partidos políticos no abran las puertas a candidatos ligados a irregularidades. @LaloGarcia08_ https://t.co/Jv5BEZNM7a pic.twitter.com/MR9u4Hoecm
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) August 24, 2026
Esta decisión fue aplaudida por el diputado local Rafael Micalco, quien ya hasta publicó su prueba.
La decisión del gobernador presiona a los morenistas a seguir con el ejemplo.
Pero ¿qué pasa si alguien da positivo?
Ahí está el problema. Primero dudo que se haga público, porque los resultados de las pruebas son personales y confidenciales.
Segundo, nada en la ley impide a una persona convertirse en candidato o candidata si da positivo.
¿Entonces?
¿Realmente de qué sirve? Es un tema solo de transparencia y congruencia personal.
No es, ni de cerca, un certificado de buen candidato.
