La administración de Donald Trump prepara la revocación de hasta 200 mil visas de negocios y turismo de extranjeros que, después de ingresar legalmente a Estados Unidos, solicitaron o actualmente solicitan asilo. La medida, que todavía puede ser modificada o enfrentar impugnaciones legales, sería coordinada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y con información de dos funcionarios estadounidenses, el plan contempla las visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan presentado una solicitud de asilo. Si se aplica en la escala prevista, se trataría de la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.
No se trata de visas de trabajo
Un punto importante para entender la medida es que las visas B1 y B2 no son visas laborales.
La B1 permite realizar determinadas actividades empresariales, como asistir a reuniones, negociar contratos o participar en conferencias, pero no autoriza un empleo ordinario en Estados Unidos. La B2 está destinada principalmente a turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos. El propio Departamento de Estado señala que una visa de visitante no permite trabajar en territorio estadounidense.
Por ello, aunque algunas versiones iniciales de la información han hablado de “visas de trabajo o negocios”, la medida reportada actualmente se concentra en las visas B1 y B2 de negocios y turismo, no en categorías de trabajadores como H-1B, H-2A o H-2B.
¿Por qué Estados Unidos quiere revocarlas?
La administración estadounidense sostiene que algunos extranjeros utilizaron una visa destinada a una estancia temporal para posteriormente solicitar asilo y buscar permanecer en el país.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó que el gobierno trabaja con el DHS para identificar a esas personas y revocar sus visas.
“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a Estados Unidos alegando ser visitantes de corto plazo, pero después solicitaron asilo para quedarse aquí permanentemente”.
El subsecretario de Estado Christopher Landau también cuestionó públicamente este tipo de solicitudes. En una publicación en redes sociales, afirmó que existe un malestar por lo que calificó como “solicitudes de asilo falsas” y sostuvo que el asilo no debe utilizarse como una vía para eludir las leyes migratorias.
Hasta 200 mil personas podrían estar involucradas
El número definitivo todavía no está confirmado por el Departamento de Estado. Pigott señaló que el proceso será dinámico y que las revocaciones se realizarían de manera progresiva.
La cifra de hasta 200 mil visas procede de documentos revisados por AP y de dos funcionarios estadounidenses. De concretarse, superaría ampliamente las revocaciones masivas anteriores y constituiría un nuevo precedente en materia migratoria.
El plan podría anunciarse formalmente en las próximas semanas, aunque todavía existe la posibilidad de que sea modificado o frenado mediante acciones legales.
Revocar la visa no significa deportación inmediata
Uno de los aspectos que más dudas ha generado es qué ocurrirá con las personas afectadas.
La revocación de la visa no implicaría automáticamente una deportación inmediata, de acuerdo con los funcionarios citados por AP. Quienes tengan solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificados, pero perderían la condición asociada a haber ingresado como visitantes de negocios o turismo.
El impacto concreto dependerá, entre otros factores, de la situación migratoria individual de cada persona y de cómo se implemente finalmente la medida.
La decisión forma parte de un endurecimiento migratorio
La posible revocación se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para endurecer el sistema migratorio estadounidense.
En los últimos meses, el gobierno ha incrementado los controles para quienes solicitan visas, incluyendo mayores exigencias de información, revisión de antecedentes y redes sociales, restricciones para ciudadanos de determinados países y otras medidas destinadas a reforzar el proceso de selección.
El Departamento de Estado también reportó que durante los últimos 18 meses ha revocado alrededor de 175 mil visas por distintos motivos, entre ellos antecedentes o acusaciones de delitos y otras situaciones consideradas incompatibles con las condiciones de permanencia.
La nueva estrategia, sin embargo, tendría una diferencia fundamental: podría afectar de manera simultánea a una cantidad excepcionalmente elevada de personas por haber solicitado asilo después de ingresar con una visa B1 o B2.
Un proceso que podría terminar en los tribunales
La magnitud de la medida hace prever posibles desafíos legales, especialmente por sus efectos sobre personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos y tienen procesos de asilo en curso.
Por ahora, el gobierno estadounidense no ha anunciado que las revocaciones sean definitivas ni ha detallado públicamente cuántas personas serán afectadas. Lo que existe es un plan en preparación, sustentado en documentos internos y confirmado parcialmente por funcionarios del Departamento de Estado.
De concretarse, la iniciativa representaría un nuevo paso en la política migratoria restrictiva de la administración Trump y pondría bajo revisión a miles de extranjeros que ingresaron inicialmente a Estados Unidos bajo una autorización temporal y posteriormente recurrieron al sistema de asilo.
