Recientemente, el gobernador Alejandro Armenta Mier ofreció un informe de resultados por sus 600 días de trabajo ininterrumpido en el que planteó como uno de los temas de atención prioritaria la seguridad de los poblanos.
De hecho, ofreció cifras de las tareas realizadas en la materia, de la mano con la Federación y el municipio, y sostuvo que hasta el momento se han ejecutado 520 mil acciones operativas, las cuales han permitido la recuperación de vehículos robados, de hidrocarburo, así como el decomiso de drogas, armas, inhibidores de señal, entre muchos otros artefactos utilizados por la delincuencia.
Y aunque se ha dicho que las cifras en materia de delitos han disminuido, lo cierto es que el fenómeno de la inseguridad sigue al alza, o al menos la percepción del grueso de la gente es esa.
La pregunta, entonces es: ¿por qué el poblano se sigue sintiendo vulnerable e inseguro ante el crimen organizado, y hasta por el ladrón de menor grado, si hay múltiples acciones contra la delincuencia?
Porque de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios dolosos en México, por ejemplo, disminuyó 51% entre el mes de septiembre de 2024 y julio de 2026.
Y así, a nivel nacional, existen cifras alegres en materia de inseguridad, las cuales, por supuesto, son alentadoras, pero siguen siendo cuestionadas por la opinión pública, los medios de comunicación y algunos especialistas cuestiones de seguridad.
El principal conflicto entre México y Estados Unidos, por el que retiran las visas, por cierto, se debe justamente a temas de seguridad, toda vez que el vecino país del norte toma las medidas necesarias para tratar de inhibir las acciones que le generen graves problemas, como el narcotráfico, en su territorio.
Empero, respondiendo a la pregunta del por qué los poblanos se sienten inseguros, si el estado, encabezado por el gobernador Armenta está trabajando, es porque si bien su administración sí trabaja para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no todos los municipios hacen lo propio.
Y allí están como ejemplo algunos que forman parte de la zona conurbada de Puebla capital, tales como San Andrés Cholula, Atlixco, Coronango y, uno que está fuera de esta región y que no ha logrado proteger a sus ciudadanos, San Martín Texmelucan.
No es ninguna casualidad la reciente detención del titular de la Secretaría Seguridad Ciudadana de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco, a quien se le acusa de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y cohecho, además de la presunta protección a grupos criminales.
Porque de nada sirve que el estado le pegue a la delincuencia organizada mientras algunos secretarios de seguridad municipal tienen tratos con el crimen organizado, los alertan sobre operativos, los protegen y hasta los ayudan a cometer ilícitos.
Ni Atlixco, ni San Andrés Cholula, municipios encabezados por Ariadna Ayala Camarillo y Guadalupe Cuautle Torres, aceptaron la designación de mandos de la Marina Armada de México en sus áreas de seguridad, por algo habrá sido.
El hecho es que de nada sirve que el estado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Marina trabajen en la seguridad y el combate al crimen si en los municipios hay sociedad con las bandas criminales.
Según un informe de México Evalúa, las cifras de disminución de los delitos, como el de homicidios, no tienen caso debido a que la violencia y el crimen siempre se diversifican, se reorganizan y migran a diversos ámbitos territoriales asumiendo distintas expresiones.
¿Le suena el registro de asaltos en la carretera federal a Atlixco?
¿O le dice algo el cobro de piso, asesinatos y asaltos de todo tipo en la zona de comercios y antros de mayor plusvalía (Angelópolis), la de San Andrés Cholula?
Y así Lupe Cuautle pretende relegirse y negociar con el PAN la candidatura a diputado federal de su marido, Edmundo Tlatehui Percino, quien pretende imponerse como legislador para tener fuero y evadir la justicia poblana.
Porque habrá que recordar que Mundo, como también se le conoce, tiene cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado (ASE), dependencia que detectó irregularidades en su gestión como edil de San Andrés por 317 millones 214 mil 440.41 pesos, plasmadas en 44 pliegos de observaciones con probables daños a la Hacienda Pública.
De nada sirve, insisto, que la fuerza del estado se emplee para atacar y contrarrestar la delincuencia si existen ediles y secretarios de seguridad que protegen a los criminales, si tienen acuerdos y hasta negocios con ellos.
Es por ello que, en Puebla, con el de Atlixco y de acuerdo con la información de Ambas Manos, ya han sido detenidos hasta la fecha siete secretarios de seguridad de los municipios de Chietla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Tlapacoya, Tlaola y Jopala.
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