Hace apenas unos días, Alberto Israel Jasso, profesor con 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, se quitó la vida. Una alumna lo denunció por abuso sexual. Él lo negó hasta el último minuto. Grabó un video en el que dijo, con claridad dolorosa: “La decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario. Es un acto de rebeldía”. Quería que se entendiera como un sacrificio para recuperar algo que el sistema ya perdió: la presunción de inocencia.
No es un caso aislado. En 2019, Armando Vega Gil, músico y compositor de Botellita de Jerez, fue acusado anónimamente de abuso a una menor. Negó los hechos. Se suicidó el mismo día. Johnny Depp perdió cerca de 40 millones de dólares en contratos y roles después de las acusaciones de Amber Heard; un jurado determinó después que varias de esas declaraciones eran falsas y difamatorias. En Ibiza, una mujer que acusó públicamente al DJ Guy Gerber de violación fue sentenciada a 15 meses de prisión porque el tribunal concluyó que mentía a sabiendas. El daño reputacional, en cambio, no se devuelve.
En Argentina, Ana Jazmín Carro, a los 14 años y tras una discusión familiar, acusó a su padre de tocamientos. El hombre fue condenado a 15 años de prisión. Casi cinco años después, ya con 18, ella misma confesó ante el Senado argentino que todo había sido una mentira nacida de la ira. Dijo que nunca imaginó que llegaría tan lejos. Aun así, las instituciones siguieron adelante. El padre sigue pagando con su libertad el precio de una mentira que ya fue reconocida.
Y no solo ocurre en las aulas o en las familias. En las plataformas de transporte como Uber y DiDi los videos se repiten: pasajeras que, ante un reclamo por la ruta o la velocidad, amenazan al conductor con una denuncia de acoso sexual. El caso más viral de la Ciudad de México, conocido como “Lady Uber”, quedó grabado completo. La mujer exigía que el chofer avanzara más rápido y, al no obtenerlo, lo amenazó con meterlo varios años a la cárcel por una acusación falsa. La cámara del vehículo desmontó la mentira en tiempo real. Estos casos demuestran que la amenaza de denuncia sexual se ha convertido en una herramienta de intimidación cotidiana, barata y de altísimo impacto.
Hay abusadores reales. Existen maestros que se aprovechan de su posición, y merecen todo el peso de la ley. Negarlo sería una estupidez. Pero también existen denuncias falsas. Y cuando el sistema decide que “yo sí te creo” es más importante que las pruebas, se abre la puerta de par en par a la extorsión.
Lo sé porque soy profesor. He escuchado frases que hace quince años eran impensables. Una alumna me dijo: “Yo a usted le pago su sueldo”. Otra me amenazó con ir directamente con el director si no le cambiaba la calificación. Ese empoderamiento sin responsabilidad se ha vuelto común. Y cuando a esa mentalidad se le suma la posibilidad de lanzar una acusación sexual con casi nulas consecuencias para quien miente, el resultado es previsible: la denuncia se convierte en herramienta de chantaje.
El perfil del que usa este mecanismo no es complejo. Suele ser alguien con un sentido exagerado de derecho, baja tolerancia a la frustración y poca empatía real hacia el daño que causa. Sabe que la acusación sexual es la bomba de mayor impacto y menor costo. No necesita pruebas. Solo necesita el grito y un sistema que ha decidido que dudar es traición.
El costo de este clima no lo pagan solo los acusados. Lo pagan también las víctimas verdaderas, porque cada denuncia falsa debilita la credibilidad de las que sí tienen fundamento. Lo pagan los profesores, que dejan de ser mentores y se convierten en funcionarios aterrados. Y lo pagan, en los peores casos, con su vida.
La justicia no puede funcionar con consignas. Funciona con pruebas, con investigación seria y con la misma exigencia de verdad para todos. Proteger a las mujeres que sí han sido agredidas no requiere destruir la presunción de inocencia de los hombres. Exigir evidencia no es misoginia, ni revictimización. Es lo mínimo que una sociedad civilizada se debe a sí misma.
Mientras sigamos enterrando profesores, músicos, padres de familia y conductores bajo el peso de acusaciones que nunca se comprobaron, seguiremos demostrando que el “yo sí te creo” dejó de ser un gesto de solidaridad y se convirtió en un arma. Y las armas, cuando se usan sin control, terminan matando a inocentes.
