Este día, cuando el gobernador Alejandro Armenta aparezca en el balcón de Palacio Municipal, un intenso olor a 2027 flotará en el ambiente, previo a conocer quién será el candidato o candidata de Morena a la alcaldía de Puebla.
Siendo realistas, los únicos que seriamente pueden aspirar a ocupar esta posición son: el actual edil capitalino, Pepe Chedraui, o la actual secretaria del Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.
Las definiciones se darán hasta el mes de noviembre y es que, como lo señalé en mi columna de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha podido imponer a sus candidatos en las diferentes entidades en donde habrá elecciones el próximo año.
El choque con el grupo Tabasco, cuyas cabezas visibles son el senador Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, ha resultado ser más desgastante tanto para Morena como para la presidenta de lo que se esperaba.
Esto ha atrasado el proceso de definición de las coordinaciones estatales, en entidades clave, en donde también lo que está en juego es la unidad.
Una y otra vez lo hemos señalado en este espacio, la presidenta goza de una amplia popularidad, con una aprobación superior al 62%; sin embargo, el control y la toma de decisiones en temas importantes, parece todavía estar sujeto al visto bueno de Palenque.
En este contexto, la definición de las candidaturas a las alcaldías de las 60 ciudades prioritarias del país que van a estar en juego también el próximo año es un tema por demás complicado para la inquilina de Palacio Nacional, quien tiene que lidiar con varias pistas y al mismo tiempo.
Algo se ve claro: la presidenta carece de un operador (a) político de alto nivel, que le aligere la carga en este tipo de decisiones o que muestre la mano firme cuando sea necesario para meter en orden al grupo Tabasco y al resto de los que quieren desafiar al “águila”.
Tanto Citlalli Hernández como la propia presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, carecen de esa fuerza y de esa personalidad, aunque Citlalli parece ser la encargada de meter orden y también de poner la mano firme entre grupos de interés y gobernadores.
Es un hecho que los gobernadores, como ocurrió durante los gobiernos del PRI y del PAN, quieren también su parte del “pastel” que estará en juego en el 2027.
Es su responsabilidad sacar adelante la elección federal en sus respectivas entidades, tomando en cuenta que Morena busca mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, para ello, es necesario que los gobernadores del oficialismo se metan de lleno al proceso.
La popularidad de la presidenta no alcanza para sacar adelante la elección y menos porque, aunque querían meterla, ella no aparece en la boleta electoral, como sí ocurrió en el 2024, por eso es necesario que los gobernadores del “oficialismo” metan las manos, no en el proceso de selección de candidatos, pero sí en sacarlos adelante en sus respectivas entidades y, para ello, se les necesita dar un aliciente. ¿Cuál? ¿Sus cuentas públicas? Está visto que en Morena nadie va a la cárcel, ni por estar relacionado con el crimen organizado. ¿Entonces cuál?
Es un hecho que el mejor aliciente que pueden tener los gobernadores es que les dejen poner a sus candidatos en las diferentes alcaldías, las más importantes en sus entidades, y garantizar la mayoría en sus congresos locales.
Y es ahí en donde el gobernador Armenta, quien mañana dará el grito en el balcón del palacio municipal, lleva la mano.
Tal vez no pueda nombrar, pero sí puede vetar y es un hecho que ejercerá su facultad de veto.
Quedan pues dos factores por ver, si el factor género se inclina por una mujer como quiere el mandatario o si el gobernador ejerce su facultad de veto en caso de que la decisión recaiga en un hombre.
Como dijera el clásico. O al menos así me lo parece.
