En el primer capítulo dejamos a Juan Daniel Gámez Murillo frente a un conflicto familiar que deberá resolver la justicia. También planteamos una pregunta que permanece abierta: ¿las decisiones se tomarán exclusivamente pensando en el interés superior de los menores o pesarán las relaciones construidas por un exfuncionario dentro del poder?
Para entender por qué existe esa preocupación no basta revisar el expediente familiar. Hay que reconstruir la ruta que llevó a Juan Daniel desde una constructora de Tehuacán hasta la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Miguel Barbosa.
Antes de convertirse en funcionario estatal, Juan Daniel trabajó en la constructora Alanjo, empresa con la que se encuentra relacionado el empresario tehuacanero Alfonso Fernández Santiago. Su llegada al gobierno no se explicaría únicamente por su experiencia profesional: a su favor habría pesado la amistad de su padre con Miguel Barbosa y la influencia de Alfonso Fernández, uno de sus antiguos jefes y personaje cercano a los círculos empresariales y políticos de Tehuacán.
Juan Daniel no llegó solo.
Durante su paso por Infraestructura aparecieron en su entorno nombres como Jesús Mejía, Ricardo Flores y Alberto Arango, señalado como uno de sus principales operadores. Todos tenían origen o relaciones en Tehuacán, y todos eran integrantes de un grupo que consiguió posiciones dentro de una de las áreas con mayor presupuesto y capacidad de contratación del gobierno estatal. El discurso era que Tehuacán finalmente tendría presencia en el gobierno, pero una cosa es incorporar perfiles de una región y otra muy distinta utilizar la administración pública para concentrar cargos, contratos y oportunidades alrededor de un mismo grupo.
Por eso resulta indispensable revisar qué ocurrió durante el paso de Juan Daniel Gámez por Infraestructura. ¿Qué contratos recibió Alanjo mientras uno de sus antiguos colaboradores ocupaba una posición estratégica? ¿Fueron beneficiadas empresas relacionadas con sus socios, representantes o allegados? ¿Existieron adjudicaciones, ampliaciones o invitaciones restringidas? ¿Cómo evolucionó el patrimonio de quienes formaron parte de aquel círculo?
Las preguntas no equivalen a una condena. Trabajar en una empresa antes de ingresar al gobierno tampoco constituye una irregularidad. Pero la trayectoria exige mayor explicación cuando, después de abandonar el servicio público, el funcionario regresa inmediatamente al mismo espacio empresarial del que salió.
Juan Daniel Gámez pasó de Alanjo al gobierno y del gobierno nuevamente a Alanjo. En medio quedaron los cargos, las obras, las relaciones y una estructura construida durante el barbosismo.
También quedó Alfonso Fernández.
El empresario aparece como una figura constante: relacionado con la constructora, cercano a la trayectoria de Juan Daniel y vinculado con personajes que adquirieron influencia durante el gobierno de Miguel Barbosa. Y, como ocurre con demasiada frecuencia cuando se revisan los asuntos delicados de Tehuacán, el nombre de Olga Romero Garci-Crespo comienza a aparecer cerca, no porque su presencia demuestre por sí misma una operación ilegal, sino porque la dirigente –de papel– de Morena comparte con Alfonso Fernández cercanía política, intereses y un entorno jurídico que también empieza a coincidir con el de Juan Daniel.
Emma Martínez Alvízar y Alicia Macías Bonilla, abogadas relacionadas con los asuntos legales de Olga Romero, aparecen ahora representando a Juan Daniel en su conflicto familiar. Cualquier profesionista tiene derecho a representar a los clientes que decida; compartir abogadas no acredita tráfico de influencias ni control sobre las decisiones judiciales.
Pero las coincidencias comienzan a acumularse: Juan Daniel Gámez y Olga Romero comparten origen político en el barbosismo, ambos se encuentran relacionados con Alfonso Fernández, y sus intereses convergen en Tehuacán, donde ahora aparecen acompañados por el mismo entorno jurídico.
¿Es solamente una coincidencia profesional o estamos observando la estructura legal de un mismo grupo político y empresarial? La respuesta exige revisar los expedientes, las designaciones y, especialmente, quién aparece detrás de las dos abogadas como abogado patrono.
Ese será el siguiente capítulo.
Porque esta historia comenzó con una disputa de custodia, pero ya nos condujo a una constructora, a la Secretaría de Infraestructura, a Alfonso Fernández y nuevamente a Olga Romero. En Tehuacán, cuando aparece un expediente incómodo, una obra cuestionada o una disputa de poder, su nombre nunca parece estar demasiado lejos.
Continuará…
