Oficialmente, la nueva contienda electoral inició el jueves pasado y la realidad rebasó a todos los partidos políticos, así como a la autoridad que organiza los comicios, ya que no se cuenta con mecanismos, con filtros, para evitar que muchas de las candidaturas a alcaldes acaben –otra vez– en manos del crimen organizado.
O mejor dicho, que el dinero de procedencia ilegal vuelva a inundar las campañas proselitistas de los aspirantes a un cargo de elección popular, tal como se sospecha que pasa desde hace ya varios años.
Por enésima vez los gobernantes, los dirigentes partidistas y los directivos de los órganos electorales se han llenado de discursos de que, ahora sí, habrá un freno a la presencia de grupos criminales en la lucha por las alcaldías, gubernaturas y diputaciones. Pero en realidad nadie hace nada para cambiar esa realidad, porque no conviene a las propias fuerzas políticas.
En Puebla, la caída de casi dos decenas de alcaldes y jefes policiacos, en los dos últimos años, desnuda una realidad angustiante: el crimen organizado está instalado en muchos gobiernos municipales para desde ahí proteger, operar e incrementar sus actividades ilícitas, que van desde actos de corrupción, pasando por el robo de hidrocarburos, redes de narcomenudeo, asaltos carreteros y hasta llegar a los secuestros y la extorsión.
Frente a esa realidad solo hay demagogia, pues en los últimos 17 meses en Puebla, en un par de ocasiones, se ha debatido y se han anunciado proyectos legislativos para evitar que personajes oscuros logren ganar las postulaciones a alcaldes, que son las posiciones más lucrativa para el hampa, y al final no pasa de ser buenas intenciones.
Si realmente hubiera voluntad y determinación de sacudir esa perversa relación entre política y delincuencia, se tendría que atacar algo fundamental: frenar los actos adelantados de campaña y establecer controles estrictos a los gastos de las contiendas, que incluye el uso de propaganda excesiva, la compra de votos y el pago de equipos masivos de promoción de los aspirantes a ediles.
Para nadie es un secreto que, una manera de los grupos delictivos de ganarse la protección de políticos y gobiernos, es financiar las campañas electorales, con mecanismos que escapan de cualquier proceso de fiscalización de la autoridad electoral.
Otra manera es la corrupción galopante que hay en los partidos políticos, en donde “es un secreto a gritos” que muchas candidaturas se venden al mejor postor y que se pagan con dinero en efectivo, para evadir cualquier revisión de ingresos económicos.
En los municipios más pobres, con menos población y alejados de centros urbanos, las candidaturas se comercializan entre 800 mil y hasta millón y medio de pesos.
En las demarcaciones medianas, las cantidades pueden ser de dos y hasta 5 millones de pesos.
Mientras que en las plazas más importantes esas cifras pueden llegar hasta los 20 o 30 millones de pesos.
En Puebla hay campañas adelantadas, de los que quieren ser candidatos desde hace un año, en unos casos, y en otros ya rebasan el año y medio, cuando se supone que ningún partido ha abierto sus procesos de selección de abanderados.
Frente a esa realidad nadie hace nada. El Instituto Electoral del Estado de Puebla es un organismo de “brazos cruzados” que no mueve “un dedo” contra las campañas que están fuera de los plazos oficiales.
Eso lleva a que nadie investigue de dónde sale el dinero para mantener todas esas actividades de los políticos “adelantados”, que se justifican con argumentos que rayan en la banalidad.
Ejemplos hay muchos: la panista Genoveva Huerta Villegas ha dicho que las docenas de bardas con propaganda a su favor las mandó a pintar “un enamorado”, que por eso le pone las frases de: “Te amo Genoveva”.
El diputado y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez, lleva un año recorriendo el municipio de Huauchinango como si ya fuera el candidato oficial de Morena a la alcaldía. Se justifica diciendo que es su labor legislativa. Un argumento no válido, pues si así fuera, tendría que hacer lo mismo en todo el distrito que representa, no solamente en la localidad en la que tiene interés.
Ignacio Mier Velazco desplegó a lo largo de 2023 una monumental campaña de promoción, que en su momento, se calculó que costó unos 500 millones de pesos tan solo en la contratación de espectaculares. Dijo que esa propaganda la colocaban los que querían que fuera candidato de Morena a gobernador, el cual es un propósito que no logró y es la fecha que nadie sabe quiénes fueron esos supuestos “amigos que pusieron la lana”.
En 2010, la autoridad electoral fijó un tope de gastos de campaña para los candidatos al Gobierno del estado de Puebla de 61 millones 462 mil 676 pesos con cuarenta centavos. Los conocedores del tema calculan que el entonces aspirante de la oposición, el panista Rafael Moreno Valle Rosas, se gastó unos 2 mil 500 millones de pesos. Mucho del dinero que circuló en ese proyecto olía a huachicol.
La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en su artículo 526, establece que habrá topes de gasto de campaña para cada candidato y que se vigilará que no haya erogaciones no autorizadas, de instituciones públicas o particulares, a los candidatos.
También tiene normado que se puede revisar la información fiscal, los depósitos bancarios, ahorros e inversiones de los aspirantes a cargos de elección popular que, durante la contienda, evolucionen su situación patrimonial, incluyendo los ingresos económicos de parientes e incluso de concubinas o concubinos.
Esos mecanismos son insuficientes para frenar todo el financiamiento “que hay por fuera” de las campañas electorales, pues se han creado estrategias financieras para no rastrear “el dinero sucio”.
El Instituto Nacional Electoral ha dispuesto que en 2027 va a estrenar un mecanismo para evitar “la infiltración del crimen organizado” en las candidaturas.
Va a consistir que los partidos políticos tengan la posibilidad de solicitar una revisión de sus aspirantes a ser candidatos, cuando tengan “dudas razonables” sobre ellos. Entonces, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las fiscalías estatales, verificarán que los susodichos no estén involucrados en actividades ilícitas.
El problema es que, esa revisión, no es obligatoria. Solo si hay interés del partido político. Y el resultado de esa investigación será confidencial. Es decir, si se quiere no tendrá ningún efecto, aunque se haya descubierto que algún interesado en ser candidato ande “en malos pasos”.
Otras medidas que están proponiendo los partidos políticos rayan en el absurdo. Por ejemplo en Puebla se está impulsando la idea de que se aplique el examen antidoping a los que quieren ser candidatos.
Esa medida no resuelve nada. Es discriminatoria. El que una persona tenga un problema de adicción, leve o fuerte, no quiere decir que sea delincuente o corrupto.
Al revés, hay líderes del crimen organizado que se destacan por ser abstemios y nunca tocar las drogas que comercian.
Ahí estuvo el caso de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien en su calidad de líder del Cartel de Juárez, se destacaba porque nunca probó las drogas. Incluso, poco antes de que lo mataran, intentó llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo de que le dieran impunidad, a cambio de que su organización criminal impidiera que en México creciera el narcomenudeo.
