Las redes criminales en que se han visto involucrados algunos de los alcaldes recientemente encarcelados tienen su punto de partida en el morenovallismo, periodo en que se conjugaron tres factores: varios grupos delictivos hicieron presencia en el estado financiando campañas electorales; al entrar en territorio poblano se diversificaron, pues dejaron el narcotráfico para dedicarse al robo de combustible, las extorsiones y los asaltos carreteros; y encontraron en las presidencias municipales un espacio de protección.
Una característica que hubo durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas es que se dio plena impunidad a los alcaldes que se plegaban a los intereses del titular del Poder Ejecutivo. Una situación que aprovechó el crimen organizado.
La forma en que se lograba esa “lealtad” es que a los alcaldes se les hacía ceder al grupo morenovallista la mayor parte de sus presupuestos de obra pública, su operación político-electoral y una ración grande de sus “ganancias” por cobros ilegales a los llamados “giros negros”.
A cambio de ello, se les ofrecía a los ediles una fiscalización simulada o “leve” de sus cuentas públicas.
Y, entonces, los líderes del crimen organizado –desde esa época– entendieron que controlar o tener de aliados a los alcaldes les daba protección frente a la acción de los cuerpos policiacos o del Ejército.
Quienes saben del tema dicen que todo inició en la campaña electoral de 2010, pero no del lado del oficialismo, que en ese entonces lo representaba el PRI, sino en el frente opositor que Moreno Valle creó con el PAN a la cabeza.
Había algo muy evidente: en la disputa por la gubernatura de Puebla de hace 16 años, en la campaña electoral del PAN y sus aliados el gasto operativo, la propaganda, el tamaño de los mítines, la capacidad de movilizar gente y hasta el uso de aparatos de espionaje era muy superior a lo que usaba el PRI, que se supone tenía el respaldo del entonces gobierno de Mario Marín.
¿A qué se debía esta disparidad? Se dice que grupos criminales de Veracruz, Jalisco y Michoacán, por medio de empresarios que lavan dinero, habrían aterrizado importantes cantidades de fondos en el frente opositor.
Una vez que el morenovallismo ganó el Poder Ejecutivo, los grupos criminales obtuvieron grandes beneficios en pago al financiamiento aportado.
Cuentan que el grupo de Veracruz exigía a cambio de sus aportes que se les dejara seguir “ordeñando” ductos de Pemex, la cual era una actividad que en ese momento no era tan visible y pasaba desapercibida.
Las otras organizaciones pidieron que se les permitiera entrar al negocio del “huachicol”, pues el estado es una plaza apetitosa por la cantidad de tuberías que atraviesan el territorio poblano y que alimentan de hidrocarburos a zonas industriales de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.
Quienes habrían dado más dinero en la campaña fueron los de Jalisco, razón por la cual en el segundo año del gobierno del morenovallismo se “les abrió la puerta al mundo del huachicol”, mediante un esquema en que los jaliscienses contrataban a agrupaciones locales de Puebla para hacer el trabajo de robo del combustible.
A los veracruzanos, que principalmente eran del cartel de Los Zetas, se le expulsó del hurto de hidrocarburo –pues al principio se les cedió todo a los de Jalisco– y, a cambio, se les dejó incursionar en otros “oficios” delictivos como eran las extorsiones, los asaltos carreteros y las redes de trata de personas.
Con el paso del tiempo, en particular en el año 2014, hubo una disputa violenta entre ambos mandos, que llevó a que se repartieran el territorio poblano, tomando como punto de partida, el llamado “Triángulo Rojo”, que es la zona donde floreció el robo de hidrocarburos.
Todas esas organizaciones tenían una característica común: eran enemigos del poderoso Cartel de Sinaloa, protegido por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por esa razón, tenían al secretario de Seguridad Pública del caldenorismo, Genaro García Luna, “pisándoles los talones”.
La manera en que estas bandas encontraron la vía para sobrevivir es que dejaran el trasiego de drogas, en grandes volúmenes, para que no se metieran en el terreno de intereses del cartel sinaloense que en esa época era controlado por Ismael “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza “El Azul” y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Y encontraron en Puebla y en el periodo morenovallista el terreno fértil para diversificar sus ocupaciones ilícitas.
Aunque el morenovallismo se extinguió hace ocho años, se quedaron funcionando las estructuras criminales que llegaron a Puebla desde la campaña electoral de 2010, junto con nuevos actores que surgieron en periodos recientes, como son las facciones de La Barredora y Los Rojos.
Todas estas agrupaciones han buscado coludirse con algunos alcaldes o, de plano, ganar ciertas presidencias municipales.
Eso explica la larga lista de ediles y jefes policiacos que han sido cooptados por el crimen organizado.
O, de plano, algunos líderes de esas mafias han optado por convertirse en alcaldes.
