La Administración de Donald Trump comenzó a avanzar con la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo con México en el sur de Arizona, en una zona que colinda con la reserva de la Nación Tohono O’odham, pese a la oposición de la comunidad indígena y a la disputa legal que enfrenta al gobierno federal con la tribu.
El proyecto contempla aproximadamente 62 millas (100 kilómetros) de barrera física a lo largo de la frontera que atraviesa la reserva. La infraestructura forma parte de una estrategia más amplia de seguridad fronteriza impulsada por Trump, que incluye muros de acero de unos 9 metros de altura, barreras vehiculares y sistemas tecnológicos de vigilancia.
Las primeras actividades comenzaron el 25 de agosto, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) acompañaron a contratistas que ingresaron a distintos puntos de la zona fronteriza. La Nación Tohono O’odham denunció que los trabajadores entraron en territorio tribal sin autorización.
Un territorio dividido por la frontera
La Nación Tohono O’odham cuenta con unos 37 mil miembros y su territorio se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Cerca de 62 millas de su reserva colindan directamente con México, una situación que durante décadas ha obligado a la comunidad a convivir con las políticas de seguridad fronteriza estadounidenses.
La relación con las autoridades federales no ha sido exclusivamente de confrontación. De acuerdo con documentos judiciales, la Nación ha colaborado durante años con agencias estadounidenses en materia de seguridad fronteriza y había autorizado, entre otras medidas, barreras para vehículos, caminos de patrullaje y sistemas de vigilancia.
La diferencia ahora es la sustitución de buena parte de esas barreras por un muro fronterizo destinado a impedir también el paso de personas.
La disputa por las tierras
La Nación Tohono O’odham acudió a los tribunales en junio para intentar detener el proyecto. Sus argumentos incluyen que la construcción podría afectar la integridad de la reserva, alterar su relación con el territorio y poner en riesgo montañas consideradas sagradas, además de otros recursos culturales y ambientales.
El conflicto llegó a un punto clave el 13 de agosto, cuando el juez federal Richard J. Leon rechazó la solicitud de la Nación para suspender las obras. El magistrado consideró que la tribu no había demostrado que la construcción modificara legalmente los límites de la reserva ni que existieran elementos suficientes para ordenar una suspensión preliminar.
Uno de los argumentos centrales del gobierno es la existencia de la denominada Reserva Roosevelt, una franja federal de 60 pies —unos 18 metros— establecida a lo largo de la frontera mediante una proclamación de 1907 del entonces presidente Theodore Roosevelt. El juez consideró que existen fundamentos históricos y jurídicos para reconocer esa franja federal en el área en disputa.
El fallo, sin embargo, no resolvió todas las diferencias entre ambas partes. El propio juez señaló que todavía existen incertidumbres sobre el alcance concreto de las actividades de construcción y expresó que espera que el gobierno cumpla sus compromisos de consulta y cooperación con la Nación Tohono O’odham.
La versión de Washington
Para la administración Trump, la obra responde a una necesidad de seguridad. La CBP sostiene que el desierto que atraviesa la reserva constituye una ruta utilizada durante décadas para el tráfico de drogas y personas.
“El proyecto cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste”, afirmó el comisionado de CBP, Rodney Scott, al defender la construcción.
La agencia también sostiene que la zona ha registrado actividad de grupos criminales, tráfico de drogas y muertes de migrantes.
El proyecto forma parte de un paquete de aproximadamente 46 mil millones de dólares destinado a infraestructura fronteriza, fondos aprobados por el Congreso estadounidense para la construcción, instalación o mejora de barreras fronterizas.
La respuesta de la Nación Tohono O’odham
La comunidad indígena sostiene una posición distinta. Aunque reconoce los problemas de seguridad que enfrenta su territorio, se opone a la construcción de un muro y afirma que la nueva infraestructura puede ocasionar daños que van más allá de la cuestión migratoria.
La Nación ha acusado a contratistas y agentes federales de ingresar sin autorización a sus tierras. Según sus autoridades, durante las primeras actividades de agosto participaron alrededor de 20 agentes de CBP, mientras contratistas realizaban trabajos en varios puntos próximos a la frontera. La comunidad también denunció que agentes armados establecieron un bloqueo vehicular para impedir que la policía tribal retirara a los trabajadores.
La Nación había advertido desde principios de agosto a los contratistas que no ingresaran a su territorio sin autorización y posteriormente anunció que analizaba nuevas acciones legales.
Hasta ahora, no se han reportado enfrentamientos físicos entre las autoridades tribales y los agentes federales. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y podría prolongarse en los tribunales mientras avanzan los trabajos.
Un nuevo capítulo en la política fronteriza de Trump
El caso de Arizona muestra uno de los principales dilemas de la renovada política fronteriza de Trump: la ampliación de infraestructura para contener los cruces irregulares frente a los derechos territoriales, culturales y ambientales de las comunidades que viven junto a la frontera.
Para la Administración estadounidense, el muro es una pieza central de su estrategia de control migratorio y combate al tráfico de drogas. Para la Nación Tohono O’odham, en cambio, la construcción representa una intervención sobre un territorio que mantiene una importancia histórica, cultural y espiritual mucho más allá de la línea internacional que divide a México y Estados Unidos.
Mientras las autoridades federales preparan la expansión de la barrera, la Nación ha dejado claro que la disputa no termina con el fallo que permitió continuar las obras y que buscará nuevas vías legales para defender sus tierras.
