Los casos de los alcaldes detenidos por diversos delitos obligan a una profunda reflexión con respecto a los filtros que deben tener los partidos políticos y las autoridades electorales para evitar que más delincuentes lleguen a cargos de elección popular.
Muy pronto pasamos de los casos de corrupción y excesos de algunos alcaldes a vínculos con grupos criminales o en el peor de los casos que ellos encabecen los delitos.
Todo esto debería ser motivo de cambios de fondo en la selección de los perfiles que hacen los partidos políticos para determinar si el candidato o candidata cumplen con los requisitos para ocupar un cargo público.
Lo sucedido en Ciudad Serdán, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Tianguismanalco, Tlaola, Acatlán de Osorio, Cuatempan, entre otros, no debe repetirse.
El Instituto Electoral del Estado y el propio Instituto Nacional Electoral deberían tener mayores facultades y recursos para hacer investigaciones en coordinación con autoridades para detectar vínculos de los candidatos con grupos criminales.
Lo anterior, porque ahora los criminales tienen como objetivo controlar los ayuntamientos para operar con mayor libertad.
Ese el gran reto para las elecciones del 2027, evitar que más criminales sean postulados como candidatos y después se conviertan en alcaldes en el estado de Puebla.
