No cabe la menor duda de que hay una protección oficial a los invasores de los terrenos la ex fábrica textil La Covadonga, pues cada vez que se quiere avanzar en el juicio que se sigue contra los presuntos responsables del despojo de dicho bien inmobiliario, surge una traba del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado (FGE) a favor de los acusados. El último obstáculo ha sido que en el tribunal desaparecieron los expedientes de las dos causas penales que se abrieron por este caso.
Tal situación desnuda, una vez más, que el discurso oficial de que se está combatiendo al llamado “Cartel del despojo”, no es más que “un cuento chino”.
Desde la segunda semana de agosto pasado, los abogados de la Fundación Julita y Antonio, que es la propietaria de los terrenos de La Covadonga, no han tenido acceso a los expedientes de las dos denuncias que se levantaron contra los invasores.
El no poder ver las carpetas de investigación les impide saber a los litigantes qué está pasando en el juicio contra los invasores, independientemente de que es un derecho jurídico tener a la mano el expediente.
Luego de muchas presiones, finalmente hace unos días les dieron una supuesta respuesta oficial sobre el paradero de las carpetas de investigación. La contestación fue: “los expedientes se encuentran en la oficina de Idamis Pastor Betancourt”, es decir de la titular de la FGE.
Una contestación que es una viva expresión de un abuso. No hay nada que justifique la ubicación de los expedientes en la oficina de la fiscal general del estado.
El caso ya está judicializado, están identificados los invasores, se han presentado pruebas contra los presuntos autores del despojo y, por tanto, “el balón está en la cancha” del Poder Judicial, que es donde se tiene que procesar a los acusados y dictar sentencia.
Ya no es un tema de la Fiscalía General del Estado.
Lo ocurrido no es un problema burocrático o un intento de la FGE de revisar el asunto de La Covadonga.
El extravío de los expedientes ha ocurrido en un momento clave del juicio: que es la etapa en que se debe de vincular a proceso a los acusados y que se giren las órdenes de aprehensión en su contra, si es que el juez encuentra elementos jurídicos.
No es “un hecho aislado” lo que ha pasado con las carpetas de investigación, pues es solo una parte de una larga lista de anomalías.
Uno de los acusados de haber encabezado a un grupo armado que se apropió ilegalmente de los terrenos, es José Guadalupe N., alias “El More”.
Desde hace más de un mes, el juez de Control Salvador Hernández Martínez, tendría que haber determinado la situación jurídica de “El More”, lo cual no ha ocurrido porque tres veces se ha suspendido la audiencia para cumplir con ese procedimiento judicial.
La primera audiencia suspendida fue debido a que se presentó un certificado médico en el cual se argumentaba que había la sospecha de que “El More” tenía COVID-19, por lo cual no había condiciones sanitarias para que compareciera ante el juez de la causa penal.
Resulta que el galeno, cuyo nombre aparece en el certificado médico, compareció ante el Ministerio Público para demostrar y denunciar que ese documento era falso, toda vez que él no expidió dicha constancia y nunca tuvo como paciente a “El More”.
Pese al anterior argumento, el juez anuló la segunda audiencia bajo el pretexto de que es una prioridad cuidar la salud de cualquier persona. Es decir, ignoró las pruebas de que era falso el contagio de COVID-19 del acusado.
Al realizarse, hace pocos días, el tercer intento de audiencia, ahora sí se presentó “El More”. El que no llegó fue el agente del Ministerio Público que lleva la investigación. Resulta que la FGE cambió al funcionario y no ha designado a un nuevo responsable del asunto en cuestión.
Y por si algo faltaba: ahora se debe agregar el extravío de los expedientes.
O mejor dicho: el inexplicable traslado de las carpetas de investigación a la oficina de Idamis Pastor Betancourt.
