Una práctica común en la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando se aseguran predios o lotes de joyas, es la pérdida –¿o habría que decir robo?– de estas últimas con la complicidad de policías de investigación, ministerios públicos y jueces.
Rocío Ahuactzín Rodríguez tiene ocho años reclamando anillos, dijes, pulseras, cadenas de oro y plata y aretes con piedras preciosas, así como otros objetos que llevaba puestos su madre y que fueron dizque asegurados como parte de la investigación por su homicidio.
Las alhajas no aparecen por ningún lado y los diferentes ministerios públicos adscritos a la Unidad de Homicidios que han conocido del caso se echan la bolita, acusándose unos a otros.
Alexi Padilla Efiménkova, Eder Delfino Ortigoza Silva, Mónica Díaz Carvajal, Gabriela Martínez Espinoza, José Félix Teyssier Pérez, Nayeli Jiménez Linares y Susana Altagracia Osorio Acosta, entre otros.
Rocío ya acudió a la Fiscalía de Asuntos Internos, al Órgano Interno de Control, al Tribunal de Justicia Administrativa y a juzgados federales.
Ha presentado quejas, recursos y amparos.
¿Y qué ha conseguido?
Nada.
Ahora, la audiencia de control judicial para saber por qué la Fiscalía de Asuntos Internos ha sido omisa o negligente para atender este reclamo ha venido posponiéndose.
Primero por exceso de trabajo de la jueza de Control Jessica Sánchez Sarmiento y después por una licencia médica.
No está de más apuntar que la víctima, condición que tiene reconocida Rocío en la carpeta de investigación de Asuntos Internos, está ya desgastada por los gastos y el calvario que ha tenido que recorrer para recuperar las alhajas de su mamá y cuyo valor estima en 250 mil pesos.
El cuestionamiento es inevitable:
¿Se perdieron las joyas dentro de la Fiscalía… o alguien se las robó?
Porque si fueron aseguradas y nadie sabe dónde están, alguien debería explicar qué pasó con ellas y quién es el responsable de su desaparición.
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