¿Qué tienen en común personajes tan disímbolos como Ana Teresa Aranda, Francisco Castillo, Israel Pacheco, Enedina Rosas, Miguel Guerra, Karina Pérez y Rubén Sarabia? Entre ellos no hay ninguna conexión ideológica, política o social, pero comparten la amarga experiencia de que todos ellos, sin nunca haber cometido un delito fueron encarcelados o perseguidos, gracias a los abusos cobijados por el Poder Judicial poblano que, desde hace 13 años a la fecha, es controlado por personajes vinculados al morenovallismo.
El ambientalista Francisco Castillo Montemayor, la ejidataria Enedina Rosas Vélez, el sindicalista Israel Pacheco Velázquez y el fundador de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, estuvieron más de un año en la cárcel –durante el sexenio morenovallista– sin que nunca se acreditara una sola prueba en su contra que sirviera para sostener las acusaciones penales que enfrentaron. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solaparon esa condición, pese a la evidente ilegalidad que existía.
A la panista Ana Teresa Aranda la acusaron de falsificar documentos que no existían y al líder de la disidencia magisterial Miguel Guerra Castillo lo tildaron de “terroristas”, porque unos testigos que nunca existieron lo oyeron planear un atentado imaginario contra las vías de comunicación del estado. Pese a esa falta de evidencias, hubo órdenes de aprehensión dirigidas contra ellos, también durante los años aciagos del gobierno estatal panista de 2011 a 2016.
Otro caso es el de Karina Pérez Popoca, quien antes de ser edil de San Andrés Cholula –entre los años 2018 y 2021— estuvo literalmente a “salto de mata” porque había el mandato judicial de detenerla, todo por defender el patrimonio cultural de la zona arqueológica cholulteca.
Todos los anteriores casos son de personajes públicos y por esa razón, sus casos fueron ampliamente documentados. Pero hubo muchos abusos judiciales –cuando Rafael Moreno Valle era gobernador– que nunca salieron a flote.
Un ejemplo: el 21 de junio de 2014, Juana y Angélica Macuil, que son madre e hija, respectivamente, caminaban rumbo a una consulta médica en la junta auxiliar de San Francisco Cacalotepec, en el municipio de San Andrés Cholula, y se encontraron con una manifestación contra el servicio de transporte Ruta, cuyos participantes habían colocado cárteles de protesta.
La primera de estas mujeres al ir caminando se acomidió a levantar una cartulina de los quejosos que estaba en el suelo. No siquiera se fijo en el contenido del cártel. Fue entonces cuando llegó un grupo de policías estatales para someter a Juana, a quien derribaron y luego la subieron a la fuerza a un vehículo oficial.
Su hija les exigió a los uniformados que soltaran a su madre y entonces también la detuvieron con lujo de violencia. La golpearon, la esposaron y la treparon a una patrulla.
Cuatro meses más tarde, madre e hija salieron de la cárcel. Las acusaron de ser terroristas, es decir del delito de sedición.
Aunque el verdadero acto de abuso, de terror, es que por cada una de ellas se fijó una fianza de 170 mil pesos. Sus familiares –de clases sociales populares– vendieron sus pocos bienes materiales para pagar la sanción que impuso un juez, que no tenía mayores pruebas contra las mujeres, que el simple dicho de la policía. No había manera de acusarlas de nada y las privaron de la libertad con la complacencia del TSJ.
Juana perdió su trabajo como empleada doméstica. Nunca llegó a la consulta médica que tenía programada el día de su detención. En el penal nunca la dejaron ver a un galeno. Mientras que Angélica se vio frustrada en su intento de estudiar Derecho.
Todo eso ocurrió por la política represiva de Rafael Moreno Valle Rosas que, para lograr sus propósitos autoritarios, contó con un factor fundamental: un Poder Judicial corrompido, sometido a los intereses políticos de la extrema derecha y carente de toda autonomía e independencia.
En este espacio se narró ayer que una parte fundamental de ese sometimiento del Tribunal Superior de Justicia es que Moreno Valle logró sustituir a 16 de 24 magistrados, para de esa manera tener copado a este poder público.
Hasta la fecha todavía hay 13 magistrados vinculados al morenovallismo en el TSJ.
Aunque es importante decir que la corrupción y los abusos de los magistrados han existido antes y después del morenovallismo.
Por eso resulta patético que las dirigentes del PAN y el PRI, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Delfina Pozos Vergara, respectivamente, se coordinaron para salir a decir ente la opinión pública que no hace falta la reforma al poder judicial que este martes vota el pleno del Senado.
Queda claro que estas mujeres defienden “los horrores” del Poder Judicial poblano y que para ellas el estado correcto del TSJ es que siga con su comportamiento autoritario, corrompido y alejado del deseo de que haya justicia en Puebla.
Lo más patético es que después dicen no saber por qué sus partidos políticos pierden las elecciones.
