Aunque la reforma judicial llegará muy tarde a Puebla, tal vez hasta el año 2027, lo cierto es que es la única vía para desarticular el último reducto del morenovallismo que está instalado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en donde por lo menos siguen vigentes unos 13 magistrados que, en su momento, habrían sido colocados para proteger los abusos con los presupuestos públicos y la persecución política que hubo durante el periodo oscuro de los exgobernadores panistas Rafael Moreno Valle Rosas y su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo.
El espíritu de la reforma judicial de la 4T es precisamente desmontar los controles que el poder político y económico tienen sobre ministros, magistrados y los jueces encargados de la administración de la justicia, tal como lo hizo en su momento el morenovallismo, que logró tener un dominio casi total y de largo plazo del TSJ de Puebla.
A seis años de la muerte de los exgobernadores panistas Alonso Hidalgo y Moreno Valle Rosas, en el TSJ sigue viva la perversidad de haber colocado a algunos magistrados sin carrera judicial o experiencia como teóricos de la ciencia jurídica. Se les puso ahí con el único propósito de proteger los intereses políticos y económicos del morenovallismo.
Algunos de los magistrados que llegaron bajo la influencia de Rafael Moreno Valle Rosas y siguen vigentes son los siguientes:
Martha Belinda Aguilar Díaz, quien es la actual presidenta del TSJ. Así como Ignacio Galván Zenteno, José Bernardo Armando Mendiola Vega, Marcela Martínez Morales, José Octavio Pérez Nava y Amador Coutiño Chavarría.
También se encuentra el exlegislador panista y exfuncionario federal José Roberto Grajales Espina, quien pertenece a un enclave familiar de El Yunque, la organización secreta de la ultraderecha que controla al PAN poblano.
Otro notable caso es el de Jared Albino Soriano Hernández, quien fue captado supuestamente teniendo conversaciones telefónicas con Eukid Castañón Herrera, el principal operador del morenovallismo cuando estaba preso acusado de diversos delitos, lo que cuestiona la imparcialidad que debe mostrar el magistrado. El asunto nunca fue investigado al interior del TSJ.
En la lista aparece David Paz Moreno, quien es sobrino del exgobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido. El magistrado protagonizó –en el año 2021– supuestos escándalos de corrupción, mencionados audios y mantas colocada en algunos puentes de la ciudad de Puebla. Un asunto que, hasta donde se supo públicamente, tampoco se investigó.
Dos nombres más son los de Gabriel Marcos Moreno Gavaldón y Raymundo Israel Mancilla Amaro, quienes habrían conseguido las magistraturas que ostentan por la influencia de Martha Érika Alonso Hidalgo.
RMV cambió a 16 de 24 magistrados
Una peculiaridad que tuvo Rafael Moreno Valle Rosas –cuyo periodo oficial duró de 2011 y hasta el año 2016– es que ha sido el gobernador de Puebla que tiene el récord en la sustitución de magistrados del TSJ y al mismo tiempo, en colocar togados que se caracterizaban por carecer de carrera judicial y en algunos casos hasta de litigar.
Era una manera de ejercer un control absoluto de este poder público.
Cuando Moreno Valle terminó su gobierno había logrado cambiar a 16 de los 24 magistrados del Poder Judicial.
Era una vía que utilizaba el entonces mandatario para garantizar una influencia en la vida social y política del estado más allá del periodo gubernamental de él y de su esposa que, si la panista no hubiera muerto en un accidente aéreo de diciembre de 2018, en la actualidad estaría a punto de terminar su sexenio.
Los gobernadores del PRI que antecedieron a Moreno Valle, en las cuatro décadas anteriores, se habían destacado porque respetaban la pluralidad que había en el TSJ.
Cada mandatario priista, en su turno, por lo general solamente sustituía de tres a cinco magistrados, permitiendo a lo largo de su sexenio que el Poder Judicial hubiera magistrados de distintas corrientes políticas, todas vinculadas al tricolor, pero que actuaban con matices diferentes.
Moreno Valle Rosas se propuso asfixiar la pluralidad interna del TSJ y ejercer un domino absoluto del Poder Judicial al largo plazo, no para hacer la justicia a su modo, sino para proteger su talente represor y el manejo abusivo que dio a los presupuestos públicos.
Prueba de ello es que los magistrados fueron obsecuentes ante la lista de más de 300 presos y perseguidos políticos del morenovallismo, que desde los tribunales y la Fiscalía General del Estado se les mantenía en la cárcel, o con órdenes de aprehensión, mediante las más inverosímiles acusaciones, en las que nunca había pruebas o se utilizaban a testigos “fantasmas”.
Para lograr ese cometido, el político panista empezó a operar los cambios en el TSJ mucho antes de empezar a gobernar.
En los más de seis meses de transición –en el año 2010– entre la gestión del mandatario saliente, el priista Mario Marín Torres, y lo que iba a ser la administración morenovallista, se aplazaron las jubilaciones de algunos magistrados para que cuando estás entraran en vigor ya hubiera iniciado el gobierno del PAN y de esa manera se controlara quienes debían ser los nuevos togados.
Hipocresía blanquiazul
Con los antecedentes mencionados, se puede afirmar que hay una enorme hipocresía del PAN decir que la reforma legislativa –que esta semana podría ser ya aprobada por el Senado– es para darle el control del Poder Judicial Federal a Morena, cuando en el pasado hubo aberraciones como las de Moreno Valle, que colocó en el TSJ a Puebla a personajes como Jorge Benito Cruz Bermúdez, Roberto Flores Toledano o el panista José Roberto Grajales Espina, que antes de ser designados nunca habían tenido un cargo judicial o incluso no sabían litigar
Se les puso ahí únicamente para proteger los intereses del morenovallismo.
A 6 años de que acabó la pesadilla del morenovallismo, la mayoría de los magistrados que llagaron durante los gobiernos del PAN ahí siguen en sus cargos.
La única manera de quitarlos es con la reforma judicial obradorista que plantea una renovación total de todos los magistrados de los poderes judiciales de los estados.
Solo con el voto popular, tal como lo plantea el proyecto legislativo de la 4T, se logrará nombrar a nuevos magistrados y de esa manera se elimine la lacra del morenovallismo en el aparato de administración de la justicia en Puebla. No hay otro camino.
