El cobro de piso dejó de ser una amenaza marginal para convertirse en uno de los focos rojos de la seguridad en Puebla. Este martes el mismo secretario de Seguridad Pública del estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, lo reconoció sin ambages ni eufemismos.
🚨🚨 #ALERTA 🚨🚨 Reconoce el secretario de Seguridad Pública del @Gob_Puebla, Francisco Sánchez González, que el cobro de piso no ha disminuido en #Puebla y que este delito es cometido por grupos delictivos nacionales y locales.
⚠️ Exhorta a denunciar de forma anónima y… pic.twitter.com/YYjI0RE8x0
— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 18, 2026
Es la pura –y dura– realidad.
Los números oficiales disponibles ya muestran un panorama preocupante: entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado recibió 31 denuncias por cobro de piso en 12 municipios; 15 de ellas correspondieron a la capital poblana.
Y aunque la cifra representa únicamente los casos denunciados –no necesariamente el universo real–, permite dimensionar un fenómeno que tiene una característica particularmente peligrosa: la extorsión funciona precisamente gracias al miedo, porque muchas víctimas prefieren pagar, cerrar sus negocios o guardar silencio antes que denunciar a quienes tienen capacidad para cumplir sus amenazas.
El episodio ocurrido recientemente en una llantera de la colonia Santa María es una brutal radiografía de hasta dónde puede llegar este delito.
Un grupo de sujetos irrumpió en el establecimiento y, de acuerdo con los reportes periodísticos, exigió 100 mil pesos; ante la negativa, tres trabajadores fueron baleados.
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y se volvió viral. La Fiscalía investiga el caso y, hasta ahora, no ha confirmado oficialmente que se trate de un hecho relacionado con cobro de piso; esa precisión es importante.
Pero más allá de la clasificación jurídica definitiva, el mensaje que deja el ataque es aterrador: para las organizaciones criminales, la violencia puede convertirse en el mecanismo para hacer cumplir una “cuota” y demostrar al resto de los comerciantes qué ocurre cuando alguien se niega a pagar.
🚨🔫 Ataque en llantera de #Puebla.
⚠️ Trabajadores de un negocio de llantas en la 44 Poniente y Héroes de Nacozari fueron víctimas de un violento ataque.
👥 Tres empleados resultaron baleados y golpeados por rateros que llegaron en motocicleta exigiendo un supuesto cobro de… pic.twitter.com/XwJg6nTro1
— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 17, 2026
El problema adquiere una dimensión todavía más grave por la disputa territorial entre grupos criminales.
Autoridades y medios de comunicación han documentado en Puebla la presencia y confrontación de organizaciones como La Familia Michoacana y Los Toscano, particularmente alrededor del mercado Morelos, donde se ha señalado una abierta pugna por el control del cobro de piso, las extorsiones y otras actividades ilícitas como el narcomenudeo.
Además, en marzo fueron detenidas 16 personas presuntamente vinculadas con una célula dedicada al cobro de piso contra comerciantes de ese mercado.
El riesgo es que la extorsión deje de ser simplemente una fuente de financiamiento criminal y se transforme en un instrumento de control económico y territorial: quien domina una zona puede decidir quién vende, quién transporta, quién trabaja, cuánto cobra y cuánto debe entregar. Cuando varias organizaciones compiten por ese negocio, la consecuencia lógica es más intimidación, más ataques y mayor violencia contra quienes se resistan.
Muchos comerciantes y empresarios, incluso, ya suman a sus gastos de operación, la cuota semanal, quincenal o mensual que deben entregar por cobro de piso.
A corto plazo, Puebla enfrenta el peligro de entrar en una espiral particularmente destructiva: más negocios extorsionados, más empresarios y comerciantes que opten por no denunciar, más cierres de establecimientos, desplazamiento de inversiones y, sobre todo, una peligrosa normalización de la violencia como método de cobranza.
El verdadero desafío no consiste únicamente en detener a quienes disparan, sino en desmontar las estructuras que permiten identificar víctimas, cobrar cuotas, lavar el dinero y operar con impunidad.
Si el estado no logra recuperar rápidamente la confianza de los comerciantes y demostrar que denunciar no equivale a ponerse una sentencia de muerte, el cobro de piso puede convertirse en una especie de impuesto criminal que termine incorporándose al costo cotidiano de hacer negocios en Puebla.
Y cuando una organización criminal consigue cobrarle a una sociedad por el simple derecho a trabajar, vender o producir, ya no estamos solamente frente a delincuencia: estamos frente a una disputa por el control del territorio y de la economía.
Así de grave.
