El viernes anterior se dio la salida de cuatro importantes funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pues algunos de ellos eran los encargados de resolver importantes litigios laborales interpuestos por trabajadores del sector público y de grandes empresas privadas. Su relevo no se trató de un simple reacomodo de personal, sino es una purga en contra de aquellos titulares de áreas que no se acoplan a los intereses del presidente de la JLCA, Roberto Santiago Sánchez González.
Para ser más claros: se dice en los corrillos de la JLCA que su relevo se habría provocado porque resolvieron juicios laborales con base a los elementos jurídicos que había en las demandas que tenían a su cargo y no de acuerdo al gusto personal del titular de la JLCA.
Dicho de otra manera: los sacaron por haber actuado bien en la atención de juicios laborales.
Los funcionarios defenestrados eran las presidentas de las salas 3 y 5 de la JLCA, así como el secretario de acuerdos también de la sala 3 y el actuario de la sala 1.
¿Cuál fue el punto de desencuentro de esos funcionarios con el titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje?
El problema de fondo, dicen los enterados, es que en los 14 meses que lleva Roberto Santiago Sánchez al frente de la JLCA se ha ganado a pulso el mote de: “El rey del retraso”.
Esa expresión responde a que el funcionario se ha dedicado a retrasar la terminación de juicios laborales que, en una situación normal, tendrían que haberse cerrado meses atrás o incluso dos o tres años antes.
De esa manera el presidente “vende el favor” al gobierno y a patrones privados, de que les evita asumir el “costo económico laboral” de perder litigios que interponen trabajadores que fueron despedidos injustificadamente o que les violaron sus derechos.
La salida de los cuatro funcionarios de la JLCA no es solo una purga, sino es un intento del presidente del organismo de colocar en esas vacantes a personal que sí resuelva los juicios laborales de acuerdo a “sus recomendaciones”, que son siempre a favor de la parte patronal.
Una prueba de ese comportamiento faccioso del presidente de la JLCA es lo que se narró el lunes anterior, en este mismo espacio periodístico, acerca de que Roberto Santiago Sánchez envió, hace un par de semanas, un oficio dirigido a todos los titulares de los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo.
El propósito de ese oficio, que lleva la identificación SEDETRA/JLCA/194/2026, es que los organismos le informen qué trabajadores han presentado demandas laborales, el estado que guardan esos litigios y una parte muy importante: cuáles serían los costos de cumplir con las sentencias de los litigios.
Sin ningún empacho el responsable de la JLCA les dice a los titulares de organismo públicos que esa información es para evitarles “riesgos presupuestales”.
Dicha actitud de Roberto Santiago Sánchez Gonzáles es una clara violación a los principios de legalidad y de imparcialidad que está obligado a observar y cumplir.
Aunque es importante anotar que, de toda la vida, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido un organismo lleno de vicios y actos de corrupción, que vende la justicia laboral a favor de los patrones.
Lo que en esta ocasión “hace ruido”, o mejor dicho causa decepción, es que se supone que ahora en Puebla gobierna la 4T y es un movimiento a favor de las luchas de los trabajadores, algo que no ocurre en la realidad del estado.
Prueba de ello, es que en la JLCA prevalece una visión totalmente de derechas, en donde se ve a la clase trabajadora como “enemigos del progreso”, que es el principal discurso reaccionario del sector empresarial.
