Las recientes declaraciones de Citlalli Hernández sobre el papel de las encuestas en la selección de candidaturas de Morena revelan algo más profundo que una simple cuestión metodológica: el partido se encuentra ante la necesidad de justificar –o legitimar– un mecanismo que, por años, ha presumido como “expresión de la voluntad popular”.
La secretaria general de Morena –una voz influyente y decisiva, tanto o más que la de la dirigente Ariadna Montiel– ha advertido que ganar una encuesta no necesariamente será suficiente, pues se revisará también el perfil, la reputación y el saldo positivo de los aspirantes. El problema es evidente: cuando una encuesta deja de ser el factor determinante y se agregan criterios subjetivos, la pregunta inevitable es quién decide, con qué parámetros y bajo qué controles.
Morena tiene derecho a establecer filtros para impedir que sus candidaturas terminen en manos de personajes impresentables –que en Puebla, por cierto, son legión–, pero ahí aparece el verdadero riesgo: convertir la encuesta en un instrumento de legitimación y no necesariamente de selección. Si el ciudadano responde que un aspirante es el más conocido o el que tiene mayor respaldo, pero después la dirigencia considera que otro posee “mejor perfil”, entonces la encuesta deja de ser la última palabra. Y si además la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por la propia Hernández, concentra la responsabilidad del proceso rumbo a 2027, la transparencia deja de ser un asunto accesorio y se convierte en una obligación política.
Morena enfrenta, por tanto, una prueba de credibilidad. Si las encuestas realmente son el instrumento democrático para elegir candidatos, sus resultados deben respetarse; si solo son uno de varios elementos, el partido debería decirlo con absoluta claridad desde el principio.
Porque una encuesta sin reglas transparentes, sin metodología pública y sin explicar qué peso tendrán los criterios adicionales, puede terminar siendo una consulta cuya decisión real ocurre en otro lugar: Palacio Nacional, la oficina de los gobernadores o ambos.
Y ahí está la paradoja: el partido que llegó al poder prometiendo acabar con el “dedazo” que tanto criticó en el PRIAN, corre el riesgo de crear un nuevo modelo en el que el dedo no desaparezca ni se corte, sino que simplemente quede escondido detrás de una encuesta.
