Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, enfrenta desde este martes uno de los mayores desafíos legales de su historia: un tribunal federal de California comenzó a escuchar los argumentos de una coalición de 29 estados que acusa a la tecnológica de haber diseñado sus plataformas con funciones capaces de generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes.
El caso, que se desarrolla en Oakland ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, podría extenderse entre seis y ocho semanas y poner a prueba hasta dónde llega la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas por los efectos de sus productos sobre los menores.
La acusación sostiene que Meta priorizó el tiempo de permanencia y la rentabilidad por encima de la seguridad de los usuarios jóvenes, mediante herramientas como el desplazamiento infinito, recomendaciones algorítmicas, notificaciones y otros mecanismos destinados a mantener a los usuarios conectados.
Los fiscales también argumentan que la empresa conocía los riesgos asociados al uso de sus plataformas entre menores y minimizó públicamente esos problemas, mientras continuaba desarrollando productos para aumentar la interacción.
Una demanda que comenzó con 33 fiscales
El litigio tiene su origen en una investigación nacional iniciada en 2021, cuando fiscales generales de distintos estados comenzaron a examinar el impacto de Instagram en niños y adolescentes y las estrategias utilizadas por Meta para incrementar la frecuencia y duración de su uso.
En octubre de 2023, California encabezó, junto con otros estados, una demanda federal presentada originalmente por 33 fiscales generales. La querella acusó a Meta de diseñar y desplegar funciones perjudiciales en Instagram y Facebook para fomentar un uso adictivo entre menores, además de cuestionar la recopilación de datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento parental requerido.
Con el desarrollo del proceso, la acción consolidada que llega al juicio está integrada por 29 estados, entre ellos California, Nueva York, Colorado, Nueva Jersey, Illinois, Ohio y Washington.
En junio pasado, Meta sufrió un revés importante cuando la jueza rechazó su intento de obtener un fallo sumario que habría terminado el caso antes del juicio. La resolución también dio la razón a California en un punto relacionado con la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), al considerar insuficiente el consentimiento parental obtenido por la compañía bajo esa legislación.
El centro de la disputa: cómo fueron diseñadas las plataformas
Los estados sostienen que determinadas características de Instagram y Facebook no son simples herramientas de entretenimiento, sino elementos de un modelo diseñado para maximizar la atención de los usuarios, incluso cuando se trata de menores.
Entre las funciones cuestionadas están el scroll infinito, las recomendaciones personalizadas, las notificaciones y mecanismos de interacción como los “me gusta”, que según los fiscales pueden incentivar que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de las aplicaciones.
La acusación también se apoya en documentos internos de Meta que, según los estados, muestran que la compañía tenía conocimiento de los riesgos y del atractivo particular que representaban los usuarios jóvenes para su negocio.
Durante los argumentos iniciales, los fiscales buscaron presentar el caso como una cuestión de responsabilidad empresarial, no simplemente como una disputa sobre los efectos generales de las redes sociales.
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha sido especialmente contundente. En 2023 sostuvo que la investigación había llegado a la conclusión de que Meta estaba “cultivando la adicción” para aumentar sus ganancias. En junio de este año, afirmó nuevamente que la empresa había diseñado funciones que podían enganchar a niños y adolescentes y que había minimizado los riesgos asociados.
Meta rechaza las acusaciones
Meta niega que haya diseñado Instagram y Facebook con la intención de provocar adicción en menores y sostiene que las autoridades están presentando de manera incorrecta sus investigaciones internas y las decisiones de diseño de sus productos.
La compañía también cuestiona que exista una relación directa y suficientemente demostrada entre el uso de las redes sociales y los problemas de salud mental de los adolescentes. Su defensa ha señalado además que Meta ha implementado durante los últimos años herramientas específicas de protección para adolescentes, controles parentales y mecanismos de verificación de edad.
En junio, por ejemplo, Meta informó que sus Cuentas de Adolescente incorporan restricciones automáticas sobre quién puede contactar a los menores, el contenido que pueden encontrar y el tiempo de uso, además de herramientas para que los padres supervisen determinadas configuraciones.
La empresa también ha ampliado medidas de estimación y verificación de edad mediante inteligencia artificial para detectar cuentas cuyos usuarios podrían ser menores de edad y aplicarles protecciones específicas.
Un juicio que podría costarle miles de millones
La magnitud económica del proceso es otro de sus elementos extraordinarios.
Los estados buscan multas y otras medidas que podrían alcanzar cifras de cientos de miles de millones de dólares, mientras que algunas estimaciones y cálculos presentados en el litigio han llevado el potencial de las sanciones hasta 1.4 billones de dólares.
Reuters señala que, dependiendo de cómo se interpreten las distintas sanciones contempladas en las demandas, las cifras podrían situarse entre 200 mil millones y 1.4 billones de dólares. Expertos jurídicos consideran, sin embargo, que una sanción en el extremo superior sería extraordinariamente difícil de materializar.
Más allá del dinero, el verdadero impacto podría estar en las modificaciones que los estados buscan imponer al funcionamiento de las plataformas. Entre las posibles medidas están restricciones a determinadas funciones consideradas adictivas y mayores controles para proteger a los menores.
El juicio cuenta además con un elemento poco habitual: aunque habrá un jurado que emitirá un veredicto consultivo, la decisión definitiva corresponderá a la jueza Gonzalez Rogers.
El caso llega después de otros golpes para Meta
El proceso federal no ocurre de manera aislada. Meta enfrenta miles de demandas en Estados Unidos relacionadas con los posibles efectos de las redes sociales sobre la salud mental de niños y adolescentes.
En marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles determinó que Meta y YouTube eran responsables en un caso relacionado con una joven que alegó haber sufrido daños por el uso de sus plataformas. El fallo concedió 6 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos, aunque Meta ha rechazado las conclusiones y existen procesos de apelación.
Meta también recibió un golpe en Nuevo México, donde un jurado determinó que la compañía había violado las leyes estatales relacionadas con la protección de menores y ordenó el pago de cientos de millones de dólares, además de cambios en sus prácticas de seguridad.
La presión tampoco se limita a Meta: TikTok, Snapchat y YouTube enfrentan procesos similares relacionados con las consecuencias del uso de redes sociales entre menores. Cientos de distritos escolares y miles de familias también han presentado demandas en Estados Unidos.
Una batalla que podría cambiar las redes sociales
El juicio de Oakland podría convertirse en un precedente para determinar qué responsabilidad tienen las compañías tecnológicas por la manera en que diseñan sus productos cuando sus principales usuarios son menores.
La disputa ya no se centra únicamente en qué contenido aparece en Instagram o Facebook. El punto central será determinar si las propias herramientas utilizadas para mantener la atención del usuario pueden constituir un diseño perjudicial cuando se aplican a niños y adolescentes, y si Meta conocía esos riesgos cuando decidió mantenerlas.
California, por su parte, ya ha avanzado legislativamente en esa dirección. En 2024 aprobó una ley destinada a limitar entre menores determinadas funciones algorítmicas, notificaciones y mecanismos de diseño considerados adictivos, mientras que posteriormente impulsó medidas adicionales de advertencia sobre los riesgos asociados con las redes sociales.
Ahora, en un tribunal federal, los fiscales estatales buscan que esa discusión llegue a una conclusión jurídica: si Meta simplemente creó plataformas altamente atractivas o si deliberadamente construyó productos capaces de enganchar a menores aun conociendo las consecuencias.
La respuesta podría tener repercusiones mucho más allá de Facebook e Instagram y convertirse en uno de los casos que definan cómo se regulará la relación entre las grandes tecnológicas y los usuarios menores de edad durante los próximos años.
