El pleito por la herencia de Socorro Romero Sánchez parece no tener fin y dejó de ser un tema particular y familiar.
Ahora apesta a operación institucional.
Olga Romero Garci-Crespo, todavía dirigente estatal de Morena Puebla, no parece estar litigando únicamente con argumentos. La lectura que empieza a correr en Tehuacán es otra: cuando el derecho no le favorece, mueve influencias.
Y los hechos empiezan a hablar.
El pasado martes se realizaron cambios en Tehuacán.
Jueces que venían actuando conforme a derecho fueron movidos del tablero.
La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?, ¿por qué a días de que se cierre la etapa de investigación contra Estela y Ramiro?, ¿por qué en medio de este conflicto?, ¿por qué justo cuando las resoluciones no caminaban al gusto de la dirigente?
A eso se suma otro dato grave: en la Fiscalía de Idamis Pastor Betancourt ya está armada una nueva carpeta contra Miguel Ángel Celis Romero, lista para ejecutarse. Otra carpeta exprés. Otro movimiento oportuno. Otro golpe que parece llegar no por casualidad, sino por interés.
La historia se repite.
Primero fue el operativo desproporcionado para detener a Estela Romero Bringas, una mujer de edad avanzada, y al notario Ramiro Rodríguez Maclub. Un despliegue enorme para un asunto que ya había sido revisado en múltiples ocasiones.
Ahora vienen cambios judiciales y una nueva carpeta.
Demasiadas coincidencias.
La Fiscalía no puede actuar como brazo operativo de una dirigente partidista. El Poder Judicial no puede acomodar piezas para favorecer una disputa privada. Y Morena no puede permitir que su presidenta estatal use el peso del partido para intentar ganar una herencia que no ha podido ganar en tribunales.
Si Olga Romero tiene razón, que lo demuestre con derecho.
Si tiene pruebas, que las presente.
Si tiene derechos hereditarios, que los acredite.
Pero que no se cambien jueces.
Que no se armen carpetas exprés.
Que no se use a la Fiscalía como herramienta de presión.
Que no se convierta al Poder Judicial en mesa de favores.
Pedro Antonio Hernández y la fiscal deben entender el tamaño del riesgo. Una cosa es la cercanía política y otra muy distinta dejarse mangonear por una presidenta sin aire, desesperada por sacar adelante un pleito personal.
Porque esto ya no solo compromete a Olga Romero.
Compromete a la Fiscalía.
Compromete al Poder Judicial.
Y compromete la narrativa de legalidad del gobierno.
Si la nueva carpeta se ejecuta y los nuevos jueces llegan con consigna, el mensaje será brutal: en Puebla no gana el derecho, gana la influencia.
Y eso no sería justicia.
Sería una ofensiva política disfrazada de expediente.
