Como parte de las actividades del Encuentro Nacional de Unidades de Igualdad de Género de los Poderes Legislativos del País, en la sede principal del Congreso del estado de Puebla se llevó a cabo la conferencia magistral sobre la “Institucionalización de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación”, impartido por la directora general de Bas International Certification Co. (Basicco), Martha Elsa Baeza Guerrero.
Durante su ponencia, la experta en certificación de políticas de igualdad laboral destacó que el Congreso del estado de Puebla –junto con los Congresos de Jalisco, Guanajuato e Hidalgo– forma parte del 12.5% de los Poderes Legislativos del país que cuentan con la certificación de la Norma Mexicana R-025-SCFI-2015, que es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de los trabajadores.
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Baeza Guerrero señaló que pese a los avances que se han registrado desde el 2002 a la fecha, en los modelos y normas oficiales en equidad de género e igualdad laboral, así como en reformas a la Ley General del Trabajo es necesario seguir impulsando las políticas de igualdad en las instituciones del país.
“Ya que aún persiste la situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y a la participación laboral en general, la segregación ocupacional y los ingresos, la precariedad laboral, la participación de las mujeres en posiciones de decisión, influencia y poder, así como en la distribución del tiempo no remunerado que hombres y mujeres dedican al cuidado de la familia”.
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En este sentido, refirió que una de las estrategias para combatir la situación de desigualdad laboral es impulsar la certificación de NMX-R-025-SCFI-2015, como una medida de transformación de la cultura organizacional a favor del trabajo digno, a través de un enfoque de género, derechos humanos, diversidad, inclusión, accesibilidad y mejora continua.
Ya que esta norma es respaldada por los instrumentos normativos nacionales e internacionales, al certificar la adecuada adopción de medidas para la reducción de las brechas de desigualdad y la erradicación de la discriminación institucional.
