El pasado viernes, mediante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo la detención de los hermanos Uruviel N., edil en funciones de Ciudad Serdán; Giovanni N., presidente en funciones de Tlachichuca, y de su padre, Ramiro Margarito N. Otro de los hermanos, también de nombre Ramiro N., alcalde de San Nicolás Buenos Aires, se evadió de la justicia, gracias a la pronta intervención de sus simpatizantes, quienes se opusieron a su arresto.
Los tres hermanos eran emanados del partido Movimiento Ciudadano, al cual también hay que seguir con lupa, ya que recientemente cobijó a la gente de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, personaje señalado por sus supuestos vínculos con el robo de combustible en la zona de Chignahuapan.
Las personas detenidas son parte de una familia que ha gobernado en la región de Ciudad Serdán durante los últimos 20 años, alternándose el poder en los municipios de Tlachichuca, de donde son originarios, y de Ciudad Serdán, localidad de la cual se han apropiado, son, pues, los “caciques” de la región, con todo lo que esto implica.
La historia inició con el padre de estos hermanos, quien también fue presidente municipal de Tlachichuca, así como su hermano Ramiro.
En 2018, Uruviel N,, siendo alcalde de Tlachichuca, solicitó licencia a su cargo para buscar la diputación local, logrando dejar en el cargo a su madre, Guadalupe Susana Vieyra, con la complicidad de su Cabildo.
La detención de los integrantes de esta familia, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, se debió a su supuesta vinculación en delitos como secuestro y uso de armas exclusivas del Ejército mexicano.
La detención de los hermanos lleva en sí un duro mensaje para todos los ediles en funciones, algunos de ellos con vínculos con el crimen organizado, el cual penetró desde hace varios años a la política poblana, enquistando a los cacicazgos locales en las diferentes regiones de la entidad.
Esta familia es solo una de las muchas que, se sospecha, están vinculadas a actividades ilícitas y que son el origen de una buena parte de la violencia que se registra en la entidad.
También de llamar la atención, el rol que ha jugado en el empoderamiento de estos personajes el partido naranja, Movimiento Ciudadano, hoy en manos de la diputada local Fedrha Suriano, a la cual no le han importado los antecedentes que rodean a muchos de los aspirantes a los cuales postula.
En este mismo espacio dimos cuenta de cómo el partido naranja prácticamente pactó con Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, presunto líder huachicolero de la zona de Chignahuapan, al abrigar a una buena parte de la que fue la planilla de este personaje, dentro de la elección que se llevó a cabo el año pasado.
No sería nada raro que, en los próximos días, haya aún más operativos en contra de presidentes municipales poblanos en funciones, por sus vínculos con la delincuencia organizada.
“Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar”.
Chignahuapan ¿política o crimen organizado?
Otro municipio al que no hay que perder de vista es Chignahuapan, el cual se ha convertido en el epicentro político ahora que se vive un proceso extraordinario.
Chignahuapan vive tiempos oscuros. La reciente ejecución de Enrique “El Kike” Calderón Arroyo, identificado como el segundo al mando de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, y su grupo delictivo local, ha encendido las alarmas.
Calderón fue acribillado con ráfagas de armas largas en pleno centro histórico, su muerte no solo revela la creciente violencia en la región, sino que deja preguntas inquietantes sobre los vínculos entre el crimen y la política que encabeza el prófugo Juan Lira.
Uno de los hechos más preocupantes es que su viuda, Antonia Quiroz, ahora figura en la planilla de Movimiento Ciudadano. Este no es un dato menor. ¿Qué significa que una persona vinculada directamente con un ejecutado por presuntos nexos criminales forme parte de la plantilla del ayuntamiento? ¿En serio es una oferta electoral real? ¿Pretenden normalizar la injerencia del crimen organizado en el gobierno municipal?
La crisis política en Chignahuapan no es nueva. Durante años, el PRI de Lorenzo Rivera se ha pasado el poder como si fuera una herencia familiar, mientras los políticos de carrera, como Mario Olvera, han cambiado de partido a conveniencia, brincando del PAN al PRI sin más interés que seguir viviendo del presupuesto.
Ahora, con una elección en puerta, la candidata de Movimiento Ciudadano, Yasmín Medina, ha optado por una estrategia distinta: sumar a gente con dudosa procedencia. Y, por si fuera poco, pretende ganar la percepción con la compra de perfiles falsos para inflar su campaña a golpe de billetera. De la noche a la mañana, sus redes sociales se han llenado de seguidores de otros países, una táctica burda para simular respaldo popular. ¿Quién pompó? La pregunta es inevitable: ¿hacia dónde va Chignahuapan? Si las elecciones son el punto de entrada para que fuerzas oscuras lleguen al poder, el futuro del municipio está en riesgo. No se trata solo de colores partidistas o estrategias políticas cuestionables; el verdadero peligro es que el ayuntamiento termine siendo un brazo más de la delincuencia organizada. Mientras algunos buscan mantener el poder a cualquier costo y otros lo compran con dinero de dudosa procedencia, la ciudadanía tiene que preguntarse qué tipo de gobierno quiere. Porque lo que está en juego no es solo una elección, sino el destino de la región.
Esparza sigue bajo investigación
Y quien aún tiene que solventar cuentas es el exrector de la BUAP Alfonso Esparza Ortiz, quien de acuerdo con el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), todavía tiene que solventar recursos por 109 millones de pesos.
El auditor Francisco Fidel Teomitzi reveló que Esparza tiene abiertos dos procesos ante la Auditoría Superior de la Federación y dos ante la ASE, correspondientes a la entrega de becas y estímulos a docentes. Ojo con estos dos temas.
Las cosas al interior de la máxima casa de estudios se ponen cada vez más interesantes.
