Una joven de Puebla hizo lo que las autoridades nos repiten hasta el cansancio que hay que hacer: denunció. No una, sino dos veces. El sistema le otorgó sellos y promesas de papel en carpetas de investigación, pero en la realidad la ha dejado en el desamparo total.
Su nombre es Camila y su agresor está plenamente identificado en las denuncias oficiales: Ernesto Ángeles N., un hombre que se mueve con total impunidad en la entidad a través de sus negocios de paleterías y venta de automóviles.
La cronología de la omisión institucional está perfectamente documentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. La primera denuncia se asentó en el mes de febrero ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, específicamente en la Mesa de Delitos Sexuales, bajo el cargo de ciberasedio. De ahí se derivó un expedientillo de medida de protección que prometía rondines y vigilancia que nunca llegaron. La segunda denuncia quedó registrada el pasado 29 de mayo ante la Fiscalía de Investigación Metropolitana, en la Unidad de Izúcar de Matamoros, por el delito de amenazas. Ahí, el agente del Ministerio Público, el abogado Roberto Melchor Sánchez, solicitó con urgencia auxilio policiaco de reacción inmediata para la víctima.
En el papel, el estado presume una “Fiscalía fuerte, moderna y cercana a la gente”. En la vida real, Camila sigue esperando.
La burocracia ha decidido dejar morir el caso en sus dependencias. El departamento psicológico de la institución ni siquiera responde las llamadas, congelando un proceso que es vital para sustentar legalmente el riesgo que corre la víctima. Mientras los funcionarios archivan carpetas y los teléfonos de atención suenan en el vacío, Ernesto Ángeles N. le acaba de escribir de nuevo. Los mensajes recientes son claros: para él esto no ha terminado, la persecución continúa.
¿Qué tuvo que pasar para que dos carpetas de investigación formales, radicadas en distintas fiscalías y con órdenes explícitas de protección, no se traduzcan en un solo escudo real?
Conviene ser claros con lo que está en juego: un sujeto que presuntamente ubica dónde vive, trabaja y estudia la víctima; que ha amenazado a su familia y sobre el que pesa el señalamiento de poseer un arma de fuego. Si la mitad de esto es suficiente para encender las alarmas de riesgo feminicida, la inacción del departamento psicológico y de los cuerpos de seguridad es una negligencia criminal. ¿Es que acaso es necesario que ocurra una tragedia irreversible para que el aparato de justicia actúe de verdad? No podemos seguir midiendo la urgencia de la ley por el número de notas rojas en el periódico. Es un llamado de atención urgente y desesperado a las autoridades antes de que sea demasiado tarde.
El acosador sigue operando porque ha aprendido la lección más peligrosa de todas: que en Puebla, denunciar no tiene un costo real para el agresor, pero sí expone exponencialmente a la víctima.
Por ello, este espacio hace un llamado enérgico y directo a la Fiscalía General del Estado:
Que se acumulen de inmediato las carpetas de investigación aquí expuestas. Que se rompa el silencio sepulcral del departamento psicológico y se le dé seguimiento continuo al caso. Que se ejecuten de forma física y real los rondines y el auxilio policiaco ordenado formalmente por el Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, y que se investigue con seriedad la posesión del arma de fuego de Ernesto Ángeles N.
A las víctimas se les exige valentía para denunciar. Lo mínimo que el estado les debe a cambio es no dejarlas más expuestas tras haberlo hecho. Mientras la Fiscalía siga permitiendo que sus dependencias ignoren a quienes buscan ayuda, cada mensaje nuevo del agresor no será solo su culpa; será también responsabilidad de la autoridad que, teniendo todas las pruebas en las manos, decidió mirar hacia otro lado.
