La concesión de la empresa Resa mediante la cual maneja y administra el relleno sanitario de Chiltepeque, que es a donde van a parar los residuos del municipio de Puebla, vence el 31 de diciembre de 2022, por tanto, correspondería al próximo gobierno de Eduardo Rivera Pérez el decidir si se otorga una prorroga o se cancela dicho contrato. Sin embargo, de manera extraña la gestión de la edil Claudia Rivera Vivanco quiere que antes del 15 de octubre, que es cuando concluye su mandato, el Consejo Directivo del Organismo Operador de Limpia (OOL) resuelva probablemente cancelar el convenio con Resa.
Sin duda alguna este es un tema que ya compete a la próxima administración municipal, ya que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez tendría 14 meses para analizar el funcionamiento de Chiltepeque y decidir el destino del actual relleno sanitario, pero sobre todo verificar el cumplimiento de la concesión a favor de Resa, que es propiedad de la familia Abed.
Al actual gobierno no le queda tiempo para nada. Cualquier decisión que adopte sobre el relleno sanitario resulta precipitada y sin capacidad de hacer algún cambio efectivo.
Lo interesante es que atrás de este asunto no hay ningún político de Morena, sino dos importantes regidoras actuales del PAN: Augusta Valentina Díaz de Rivera y Luz del Carmen Rosillo Martínez, quienes son las que han apresurado que este gobierno de Morena que resuelva –a través del OOL—la exigencia de quitarle a Resa el control del relleno sanitario, tal como se advierte en el informe que se publicó en la Gaceta Municipal de julio pasado.
A nadie debe sorprende tal solicitud, ya que no es la primera vez que la panista atlixquence Augusta Díaz de Rivera busca echar abajo la concesión de Resa.
Su primer intento ocurrió siendo diputada local del PAN, durante el sexenio del entonces gobernador Mario Plutarco Marín Torres y aprovechando la debilidad política del mandatario, que cedía a todos los caprichos del panismo con tal de que lo sostuvieran en el poder, luego de que perdió toda su autoridad política y moral por el escándalo del Lydiagate.
Desde entonces se habría sabido que Augusta Díaz de Rivera estaría protegiendo los intereses de grupos empresariales que desearían obtener la concesión de la disposición, trasportación y confinamiento de los desechos de la ciudad de Puebla, pero pera ello es necesario eliminar el contrato de Resa, una compañía que está vigente en el control de Chiltepeque desde 1995.
Y parecería, que la regidora tiene claro que ese propósito lo tiene que acelerar con el actual gobierno de Claudia Rivera y no esperar, como se podría suponer más conveniente, a que se aborde en el ayuntamiento del panista Eduardo Rivera.
Tal explicación de por qué se quiere hacer ese cambio con un gobierno de Morena y no con un ayuntamiento del PAN, es que se dice que la regidora Díaz de Rivera ha encontrado un aliado en un funcionario del OOL, que es Francisco Romero Levet.
Augusta Valentina Díaz de Rivera ha ganado notoriedad porque se erigió en la principal defensora de Concesiones Integrales, le empresa privatizadora del agua, en el Cabildo de la capital.
A Resa no se le dio derecho de audiencia
El 23 de julio, en una sesión extraordinaria del Cabildo, se aprobó “El informe por el que se solicita al Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de Limpia del municipio de Puebla, que tome en consideración el análisis… en las discusiones que lleve acabo para resolver las solicitudes de prórroga de las concesiones de los servicios púbicos de recolección.. de desechos solidos…”. Donde, en resumen, se pide quitarle la concesión a Resa.
Ahora, muy probablemente esta petición antes de que se discuta en el OOL podría ser desechada, por un asunto elemental:
En el informe se elaboraron 15 conclusiones, todas dirigidas contra Resa y un supuesto mal funcionamiento del relleno sanitario, pero a la empresa concesionaria, es decir a Resa, no se le dio el derecho de audiencia para presentar argumentos a su favor. Por lo que quedó en estado de indefensión.
Es decir, no se le dio la oportunidad de desvirtuar, refutar, contradecir o allanar argumentos contra los que se expusieron en el informe que impulsó Augusta Valentina Díaz de Rivera.
Por esa razón el abogado David Carmona Sánchez, quien es el apoderado legal de Resa, ha presentado un recurso de inconformidad mediante el cual le pide a Gonzalo Castillo Pérez, el sindico municipal, que deseche ese informe, toda vez que la empresa en cuestión no fue escuchada y se le violaron sus derechos de audiencia.
En ese informe se acusa a Resa de actuar son sistemas obsoletos, ya que en lugar de construir un incinerador de residuos, únicamente se dedica a quemar biogás, sin permiso del gobierno federal. Además, no protege al medio ambiente, a los mantos acuíferos y no evita la emisión de gases de efecto invernadero.
