Cambios constitucionales en lo judicial y en lo electoral fueron aprobados por los órganos legislativos federal y estatales en la semana que concluye.
Muchos, muchas pensamos erróneamente que realmente serían enmendados los múltiples errores de la elección judicial anterior y que la iniciativa de reforma anunciada, presentada y ya aprobada en materia judicial serviría no solo para posponer la elección del Poder Judicial federal por un año más.
Esa problemática provocada por esos errores no solo no fue resuelta, se profundizó: no se corrigieron problemas operativos, tiene párrafos contradictorios, enormes disparidades y el problema de fondo permanece; la elección del 2028 coincidirá con la Revocación de Mandato y las elecciones posteriores al 2028 (2030, 2033, 2036 y subsecuentes) coincidirán nuevamente con las elecciones de los partidos políticos. Peor aún: ahora habrá una misma casilla para votar por cargos políticos y por cargos judiciales.
Esta propuesta de cambio de fecha se encamina nuevamente hacia una mayor incertidumbre jurídica, más aún cuando se ha documentado el número de renuncias de personas que participaron y “ganaron” en la elección judicial anterior que han ido dejando el cargo.
Como vemos, esta aprobación no resuelve las enormes deficiencias que se presentaron, al contrario, las acentúa. ¿Qué pensarían ahora los diputados constituyentes que en aquella época rechazaron el voto popular como fórmula para designar a los juzgadores, justamente para evitar que el Poder Judicial se viciara con la política?
De las otras reformas presentadas y aprobadas, una amplía como causal de anulación de elecciones federales y estatales la intervención extranjera; y una más no anunciada y de último momento presentada, pero ya también aprobada, que incluye la reelección de la y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para permanecer en sus cargos hasta por 17 años.
¡Qué lamentable la una y las otras!
Las reformas electorales, desde mi punto de vista, están muy relacionadas, primero, porque si bien ciertamente nadie duda que México, antes y ahora, ha necesitado proteger su soberanía, esta propuesta surge justamente en medio del conflicto con Estados Unidos por la presunta injerencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Esta probable injerencia ahora la trasladan a una nueva redacción en el artículo 41, estableciendo que una elección podrá anularse “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales”, argumentando que se “busca proteger la soberanía”; sin embargo, resulta que solo fue aprobada la reforma constitucional, sin haber realizado lo que corresponde al procedimiento en la Ley Reglamentaria donde se precisara cuáles serán esos actos que presumiblemente influyan en los resultados electorales, lo que determina que en adelante se podrá pedir la anulación de una elección federal o estatales –especialmente cuando la hayan perdido– por esta causal; y como no hay ley reglamentaria que determine cómo se acreditaría la intervención extranjera, se deja al arbitrio del TEPJF la decisión de interpretar este enunciado constitucional, recordando que fueron estos, la magistrada y magistrados del TEPJF afines al oficialismo y al partido Morena, quienes resolvieron en 2024 la sobrerrepresentación legislativa a favor de Morena y sus aliados y casualmente en esta segunda reforma aprobada se les da “luz verde” para reelegirse ¡hasta por 17 años¡; por supuesto, un muy buen pago para continuar resolviendo como se los pida el oficialismo.
Conclusión, estas reformas solo son una estrategia que usará a la soberanía nacional como represión política en contra de competidores electorales, ¿por qué no se incorporó como causal de anulación de una elección, la injerencia de la delincuencia organizada en las campañas políticas y en las elecciones?, esto también sería proteger la soberanía del país.
Bien se ha escrito, “la soberanía no puede ser selectiva. (…) La verdadera defensa del Estado mexicano exige reglas claras y no persecuciones políticas disfrazadas de patriotismo.” (Zavaleta, Ruth, 2026).
Tampoco podemos decir que hay sorpresa en estos actos del gobierno, hemos observado cómo ejercen el poder en los últimos años. Me pregunto ¿realmente están construyendo desde “la izquierda” proyectos populares impulsados para favorecer derechos, democracia, soberanía? Entonces, ¿por qué esta construcción de proyectos de “izquierda” han pasado por la destrucción, desmantelamiento y desaparición de instituciones que protegían nuestros derechos sociales, de salud, de educación, entre muchos otros, que beneficiaban a las clases populares? ¿Por qué, desde el gobierno, se impulsa el desgaste y el deterioro institucional de nuestro sistema político, jurídico y legislativo?
Basados en nuestra responsabilidad ciudadana, ¿los mexicanos y mexicanas reaccionaremos ante todos estos cambios constitucionales de los últimos ocho años?
Porque hasta el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar ha reaccionado, reiterando una vez más –en esta ocasión– pero también levantando la voz en otros momentos para reconocer esto como ¡una vergüenza nacional!
O lo haremos hasta que vivamos en carne propia el riesgo que representa perder nuestras libertades políticas, de manera que cuando queramos decidir libremente nos demos cuenta que ya no podemos hacerlo.
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@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
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