Gobierno de Sheinbaum suma 27 reformas constitucionales y 76 legales, destaca Luisa María Alcalde
Entre los cambios destacó reformas relacionadas con los derechos sociales, soberanía alimentaria, seguridad, justicia, programas de bienestar, trabajo digno, reducción de la jornada laboral, vivienda, entre otros
Gobierno de Sheinbaum suma 27 reformas constitucionales y 76 legales, destaca Luisa María Alcalde
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado 27 reformas constitucionales y 76 modificaciones legales como parte de una agenda enfocada en fortalecer los derechos sociales, la soberanía y la participación del Estado, informó la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde.
Durante el inicio de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Alcalde presentó un balance de los cambios realizados en distintos rubros y sostuvo que el objetivo central ha sido “recuperar el sentido social de la Constitución”.
Entre las modificaciones destacó el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de la rectoría del Estado sobre Pemex y CFE, así como cambios en materia de democracia y austeridad republicana, entre ellos la prohibición del nepotismo y la reelección.
En seguridad y justicia, señaló que se han creado y reforzado mecanismos para combatir la impunidad, perseguir delitos de alto impacto y evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. También mencionó la transformación del Poder Judicial y las acciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
En materia social, la consejera jurídica resaltó que los programas de bienestar fueron elevados a rango constitucional, además de reformas relacionadas con el trabajo digno, la reducción de la jornada laboral, la Ley Silla y el acceso a una vivienda adecuada.
Alcalde también subrayó los cambios en favor de las mujeres, al señalar que la Constitución incorpora por primera vez el principio de igualdad sustantiva, además de contemplar medidas para prevenir la violencia digital.
A esto se suman modificaciones para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y fortalecer la protección del medio ambiente.