El Gobierno de Estados Unidos pidió este miércoles a sus socios internacionales poner fin a las operaciones comerciales habituales con Nicaragua, luego de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que amplía el periodo presidencial y restringe la participación de opositores en futuras elecciones.
El llamado fue realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien acusó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar la reforma para consolidar su permanencia en el poder y cerrar el paso a elecciones libres.
“Estados Unidos insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura”, afirmó Rubio en un mensaje difundido este miércoles.
El funcionario sostuvo que la modificación constitucional “socavó la ficción democrática de Nicaragua” y acusó a la Asamblea Nacional de buscar la consolidación de una “dinastía ilegítima” y de privar a los nicaragüenses de elecciones libres y justas.
¿Qué aprobó Nicaragua?
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes, en primera legislatura, una reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo.
Entre los cambios se encuentra la ampliación de seis a siete años del periodo presidencial, así como restricciones para que los considerados “traidores a la patria” puedan ocupar cargos de elección popular. La medida también profundiza el control del oficialismo sobre el proceso electoral.
La modificación todavía no entra definitivamente en vigor. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser ratificada por la siguiente legislatura de la Asamblea Nacional, un proceso previsto para enero de 2027.
El cambio tiene además un efecto directo sobre el calendario electoral. Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en 2026, pero las modificaciones impulsadas previamente por el gobierno ya habían alterado ese calendario. Con la nueva ampliación del mandato, los comicios quedarían desplazados nuevamente.
Rubio endurece el discurso contra Ortega y Murillo
El llamado de Washington no se limitó a una crítica política. Rubio sostuvo que los gobiernos que niegan derechos fundamentales no deberían recibir los mismos beneficios económicos o políticos que las democracias.
El secretario de Estado también aseguró que la situación de Nicaragua representa una amenaza para la estabilidad y la prosperidad del hemisferio y reiteró que la administración de Donald Trump continuará buscando medidas contra las violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno de Managua.
Estados Unidos mantiene desde hace años una política de presión contra el gobierno de Ortega y Murillo. Washington ha impuesto sanciones contra funcionarios, instituciones y personas vinculadas con el régimen, mientras reclama la recuperación de las libertades civiles y la celebración de elecciones libres.
Una crisis que viene desde 2018
La confrontación entre el gobierno nicaragüense y Estados Unidos se intensificó tras la crisis política de 2018, cuando una ola de protestas contra Ortega fue reprimida por las fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno.
La represión dejó más de 300 muertos, según estimaciones citadas por Reuters, y provocó un importante éxodo de nicaragüenses. Desde entonces, organizaciones opositoras y organismos internacionales han denunciado detenciones, persecución política, exilio forzado y restricciones a las libertades públicas.
En 2025, otra reforma constitucional convirtió a Rosario Murillo en copresidenta junto a Ortega y amplió nuevamente el control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado. La nueva modificación profundiza ese modelo de concentración del poder.
La presión internacional aumenta
La ofensiva diplomática estadounidense ocurre mientras otros gobiernos y organismos internacionales también cuestionan las recientes decisiones de Managua.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó recientemente una reunión de cancilleres para abordar la situación política de Nicaragua. El encuentro busca analizar la creciente concentración de poder y el deterioro de las condiciones democráticas en el país.
La reacción del gobierno nicaragüense también ha sido desafiante. Rosario Murillo respondió a las críticas estadounidenses acusando a Washington de pretender actuar como dueño del continente, en un nuevo episodio de la confrontación entre ambos gobiernos.
El frente económico
El llamado de Rubio representa una nueva dimensión de la presión sobre Managua: la búsqueda de un aislamiento no sólo político, sino también económico.
Estados Unidos ya había explorado medidas comerciales más severas contra Nicaragua. En 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos determinó que determinadas políticas y prácticas del gobierno nicaragüense constituían una carga o restricción para el comercio estadounidense y evaluó posibles medidas arancelarias.
La presión resulta especialmente relevante para Nicaragua debido a la importancia de sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Un endurecimiento de las condiciones comerciales podría afectar a sectores exportadores y aumentar la presión económica sobre el gobierno de Ortega y Murillo.
Por ahora, el llamado de Washington es una exhortación a los socios internacionales y no equivale por sí mismo a un bloqueo comercial mundial contra Nicaragua. Su alcance dependerá de si otros gobiernos deciden seguir la petición estadounidense y de las próximas medidas que adopte la administración Trump.
Con la reforma constitucional aún pendiente de una segunda ratificación, la disputa entre Managua y Washington entra así en una nueva etapa, en la que la presión diplomática y económica se suma a la confrontación por el futuro político de Nicaragua.
