“En camisa de once varas”, este dicho popular, sinónimo de ganarse dificultades de forma gratuita, nos ayuda a perfilar algunos hechos de los últimos días.
Esa tentación de censura que ha sucedido en todas las épocas una vez más se repite vía la riesgosa propuesta presidencial de lineamientos del “derecho de las audiencias” –en proceso de consulta pública– presentada por la presidenta de la República en voz de su consejera jurídica “para regular informaciones falsas, garantía de derecho de réplica, entre otros”.
En gobiernos anteriores hubo reformas a distintas regulaciones de las que resultaron Códigos de Ética, defensorías de audiencias, garantías del derecho de réplica, con mayores certezas de aplicación que las que se tienen ahora derivado de que esta responsabilidad recaía en instituciones autónomas como el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que fueron eliminadas con la excusa de una simplificación administrativa. Ahora dependen del Gobierno federal, a través de una Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones que depende de la Presidencia de la República, de ahí la desconfianza de su independencia y neutralidad, incluso desde la presentación de esos lineamientos que la hizo la consejera jurídica de la presidenta y no alguna persona de los/as comisionados de esa Comisión que ellos mismos crearon. Obviamente muchas dudas surgen: ¿con qué criterios, entonces, determinarán si una noticia es falsa o verdadera?, ¿quién lo hará y quién determinará sanciones?, ¿se atreverán a decir sin ambages que esta consulta resultó a favor de esos lineamientos presentados?, ¿es parte de un nuevo rasgo autoritario?, ¿cómo lo resolverán ahora?
Lo mismo sucede con el espantoso hecho conocido de la muerte de una adolescente en curso de verano al interior de una institución educativa: una Academia Militarizada que resulta no está autorizada. Cómo entender entonces cómo esta y otras escuelas militarizadas, que a lo largo del país han funcionado abierta y públicamente durante décadas, han expedido certificados de estudios de primaria, secundaria, bachillerato y algunas hasta de nivel licenciatura, y ahora resulta ¿que han funcionado sin reconocimiento oficial la SEP?; ¿significa entonces que ninguna de las certificaciones expedidas durante años por estas instituciones tienen validez oficial? Y los chicos y las chicas que hicieron sus estudios antes y ahora, ¿qué pueden esperar? Porque el señor secretario de Educación Pública federal ordenó –también delante de la señora jefa del Gobierno federal, Sheinbaum– el cierre de escuelas militarizadas porque dijo están prohibidas en México, conociéndose que el Catálogo de Centros de Trabajo 2025 de la propia SEP actualizado a febrero, arroja con la denominación de militarizado 60 escuelas, colegios y bachilleratos, con clave de centro de trabajo (La Jornada, 31/07/2026), ¿será que no conoce este Catálogo el señor secretario? O, entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿si en la Ley General de Educación no están reguladas estas instituciones –como dijo el secretario–, cómo es que han ofertado servicios educativos todos estos años? ¿Quién les dio los permisos, quién les da el seguimiento a esas escuelas, quién las evalúa?, ¿la SEP no se había dado cuenta de su existencia en los ocho años que llevan gobernando?, ¿o están evadiendo sus responsabilidades? Todas estas escuelas cerrarán sus puertas así nada más y ¿ya con eso se resolvió todo? Y la muerte de Dafne y los testimonios de abusos físicos y psicológicos en estas instituciones que se empiezan a difundir, porque todos, todas ellas estuvieron al resguardo de una institución educativa que debía protegerlos, ¿quedarán entonces impunes?
O qué tal algunas expresiones en voz de la propia presidenta Sheinbaum que hemos venido escuchando: Cuando una vez más se conoció un percance del Tren Maya dijo que no se descarriló, que fue “un deslizamiento de los rieles” (julio 20, 2026); o cuando recientemente aseguraron unas instalaciones donde se procesaba de manera ilegal combustibles, la declaración fue “no era una refinería clandestina, sino un centro de procesamiento de combustible” (julio 31, 2026).
Como podemos ver, los cambios de semántica no cambian los hechos ocurridos y tampoco pueden ocultar los hechos reales.
Una más, gravísima, conocida vía redes sociales, el comentario expresado por la presidenta Sheinbaum al cumplimiento de una normativa de protección al medio ambiente para restaurar ecosistemas deteriorados en Quintana Roo que, en efecto, ha generado conflictos por parte de prestadores de servicios turísticos, propietarios de construcciones y negocios que operan en zonas costeras, y una manifestación en su gira de trabajo que provocó un regaño al titular de la Comisión Nacional de Áreas protegidas –que fue grabado– diciéndole: “Hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se opone por encima de la gente está mal, entonces, no cumplas con la norma” (julio 17, 2026). Increíble escuchar de la presidenta de la República esta instrucción a no cumplir con la ley, si ella lo hace ¿qué más podemos esperar?
Cada una, cada uno, construimos de todo esto nuestras propias conclusiones, bien se ha escrito, tal vez el desafío de nuestro tiempo no sea encontrar experiencias cada vez más extraordinarias, sino recuperar la capacidad de asombro frente a lo ordinario.
De ahí el dicho popular sinónimo de ganarse dificultades de forma gratuita, pero qué ganas de meterse en “camisa de once varas”.
[email protected]
@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com
