No es fácil. Nada fácil pues. Es la eterna lucha, el dilema permanente entre identidad y economía. ¿Qué debe de hacer un presidente, un dirigente de un Estado? ¿Luchar por intentar fortalecer la identidad de los habitantes de su país, de los elementos que conforman el concepto de una nación, para lograr una sociedad, teóricamente más cohesionada, o, en cambio, priorizar el factor económico para acercarse a una sociedad de bienestar?
La respuesta la ha recibido, hace un par de días, a modo de portazo en la cara, el actual presidente de Estados Unidos. El hiperactivo Donald Trump propuso, desde hace meses, eliminar el otorgamiento de nacionalidad estadounidense a los hijos de los migrantes en situación irregular. Y, una vez más, el Tribunal Supremo le dijo que no, que de eso nada. Que, finalmente, Estados Unidos es un país forjado con sucesivas oleadas de inmigración que, a lo largo de las décadas de los últimos dos siglos, han ido construyendo lo que hoy es el vecino país, una nación diversa y multicultural.
Una vez más el señor Trump se da de topes con una realidad que le parece ajena: las instituciones de Estados Unidos no obedecen, a pies juntillas, sus dictados ni sus caprichos. Estados Unidos es, por el contrario, una democracia sólida que hace gala de una aseada separación de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial ejercen su autonomía y esquivan, generalmente, cualquier tipo de presión.
Pero la pregunta de fondo no es otra que saber por qué. ¿Por qué Donald Trump sigue gobernando, de forma casi exclusiva, para aquellas decenas de millones de seguidores MAGA (Make America Great Again) que lo votaron hace casi dos años? ¿Por qué sus mensajes, sus decretos y sus narrativas siguen intentando reforzar el carácter conservador de sus políticas?
Parecería que la administración Trump observa los cambios que nuestro ecosistema americano está registrando en los últimos meses. Los Milei, Bukele, Noboa, Paz, Peña, Kast y, en los últimos días, De la Espriella y Fujimori, asientan un abanico conservador en todo el continente. Con las excepciones de Canadá, México y Brasil, los ciudadanos de América apuestan por política liberales en lo económico y conservadoras en el ámbito de la seguridad. Más mano dura y menos imposición tributaria. Menor colchón social y mayor fomento de las oportunidades para el desarrollo de la iniciativa privada. Fronteras más seguras y fortalecimiento de la identidad nacional.
Pero tal vez el espejo en el que se mira la administración que preside Donald Trump, sea en el tema-bandera de muchos de estos nuevos gobiernos de América Latina –sobre todo el de Javier Milei en Argentina–: el adelgazamiento del Estado. Menos burocracia, menor gasto gubernamental, y una administración pública más liviana.
Y es en ese Estado menos obeso donde Trump encuentra un refuerzo a su narrativa antiinmigración. Menor partida presupuestaria para solventar las necesidades –educación, servicios de salud, empleo, vivienda etc…– de esa población migrante que busca ingresar y hacer vida en la Unión Americana. E intentar no otorgar la nacionalidad a los hijos de migrantes, en situación irregular, nacidos en Estados Unidos. No lo ha logrado.
Y mientras que los gobiernos de la Unión Europea (UE) entienden que el ingreso de migrantes acabará consolidando y garantizando –a través de la recaudación tributaria asociada a la fuerza laboral– el sistema de pensiones de una sociedad cada vez más envejecida, en Estados Unidos se intenta priorizar el nacionalismo azuzado por el miedo a la teoría extremista del Gran Reemplazo que anuncia que los migrantes acabarán sustituyendo a la población caucásica y de raíz judeo-cristiana.
Un ingrediente más del torbellino ideológico de un presidente Trump que busca levantar el vuelo antes de las elecciones de medio término de noviembre próximo. ¿Le alcanzará? Ya va quedando menos para saberlo.
Dr. Oscar Tendero García, catedrático de Historia y de Geopolítica internacional. Conferencista. Asesor.
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