La producción agrícola en México enfrenta el desafío de mantener su productividad ante la dependencia del temporal, la disponibilidad de agua y los efectos de las condiciones climáticas. Los datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la mayor parte de la superficie agrícola depende de las lluvias para producir.
De acuerdo con el organismo, 74% de la superficie agrícola corresponde a temporal y 26% a riego. Además, las unidades de menor tamaño presentan un menor acceso al riego: entre las unidades con hasta dos hectáreas de superficie sembrada, solo 13.3% correspondió a riego, frente a 37.5% entre aquellas con más de 20 hectáreas.
El agua, un factor determinante para el campo
La disponibilidad de agua representa uno de los principales elementos para sostener la producción agrícola. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que el sector agrícola concentra alrededor de 76% de los usos consuntivos del agua en México.
Al mismo tiempo, el Censo Agropecuario 2022 reportó que 79 de cada 100 unidades de producción con riego utilizan sistemas por gravedad, mientras que otros métodos son el goteo, la aspersión y la microaspersión.
La información del INEGI también evidencia las dificultades para acceder a mecanismos financieros que permitan enfrentar riesgos en la actividad agropecuaria. El Censo registró que únicamente 6.1% de las unidades de producción obtuvo crédito, mientras que el porcentaje que declaró contar con seguro fue todavía menor.
Producción agrícola y desarrollo rural
El Censo Agropecuario 2022 contabilizó 25.7 millones de hectáreas de uso agrícola dentro de las unidades de producción agropecuaria y registró al maíz grano blanco como el principal cultivo anual, con 21.9 millones de toneladas producidas en agricultura a cielo abierto.
La situación del campo también está contemplada en el marco constitucional. El artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, además de establecer que el Estado debe garantizar bases para su uso equitativo y sustentable.
Por su parte, el artículo 27 constitucional establece que el Estado promoverá condiciones para el desarrollo rural y fomentará la actividad agropecuaria y forestal mediante infraestructura, insumos, créditos, capacitación y asistencia técnica.
Estos elementos colocan al agua, el riego, el financiamiento y la asistencia técnica como factores relevantes para fortalecer la producción agrícola y las condiciones de las comunidades rurales.
