La detención de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, el 12 de septiembre de 2010, fue mucho más que la captura de uno de los principales operadores de los hermanos Beltrán Leyva: fue una muestra de hasta dónde había penetrado el crimen organizado en Puebla. La Secretaría de Marina lo ubicaba como uno de los principales mandos de la organización, con un nivel jerárquico comparable al de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”. Su captura ocurrió apenas dos semanas después de la detención de este último y en medio de la disputa interna por el control del cartel tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009.
El operativo se produjo en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, en la zona norponiente de la capital poblana. Cerca de medio centenar de elementos de la Marina cercó la zona, bloqueó vialidades y utilizó un helicóptero para apoyar la incursión. Villarreal fue localizado en una residencia de la calle Mercaderes, acompañado por Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre. Paradójicamente, el despliegue que parecía preparado para un enfrentamiento terminó sin un solo disparo: los tres fueron detenidos sin resistencia. La Marina aseguró vehículos –tres de ellos blindados–, armas largas, granadas y dinero en efectivo.
Lo relevante es que la captura no fue producto de una operación improvisada ni, según la versión oficial, consecuencia de las declaraciones de “La Barbie”. La Marina afirmó que había seguido durante aproximadamente 10 meses los movimientos de Villarreal y que el trabajo de inteligencia incorporó información proporcionada por agencias de Estados Unidos, Colombia y países de Centroamérica. Para entonces, “El Grande” tenía una orden de aprehensión y estaba relacionado con al menos siete averiguaciones previas; además, las autoridades señalaban que su organización tenía presencia en Puebla y otros siete estados.
A la distancia, y ante la próxima publicación de Narcocracia, de Anabel Hernández, aquella captura adquiere una dimensión todavía más inquietante: el caso de “El Grande” demuestra que Puebla no era simplemente un territorio de tránsito para las organizaciones criminales, sino un espacio donde un capo de primer nivel podía instalarse en una zona residencial exclusiva, rodeado de lujo y seguridad.
La pregunta que permanece vigente no es solamente cómo fue localizado y detenido, sino cómo llegó hasta ahí, quién permitió su permanencia y qué redes de protección, complicidad o corrupción pudieron existir alrededor de su presencia en Puebla. Es precisamente en esas interrogantes donde una captura ocurrida hace 16 años vuelve a adquirir actualidad, cuando la narcopolítica se ha infiltrado en todo el sistema y a propósito del libro de la periodista, enfocado en cómo el crimen organizado penetró las instituciones nacionales a lo largo de tres décadas utilizando el testimonio, precisamente, de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”.
Por cierto: ¿cuántos políticos de Puebla aparecerán en Narcocracia, mismos políticos que luego ocuparon posiciones relevantes durante el morenovallismo?
