El presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, acaba de remover a tres funcionarios del Poder Judicial de Puebla para acomodar en su lugar a incondicionales suyos pese a no cumplir requisitos legales.
Entre los relevados figuran la titular del Órgano Interno de Control, Isadora Rubí Joven; el director de Responsabilidades José Jobab Sandoval Galicia; la subdirectora de la misma área, Jury Elizabeth Hernández, y un jefe de Departamento que responde al nombre de Adolfo Isaías Guzmán Domínguez.
La decisión de echarlos del Poder Judicial obedeció a su negativa de abrir procedimientos administrativos en contra de jueces como Enrique Romero Razo y Sandra Perea Iturriaga y otros integrantes del Tribunal Superior de Justicia, aún sin contar con pruebas suficientes.
Al Órgano Interno de Control llegó el politólogo José Ángel Castillo Bañuelos, no obstante que por normatividad el titular de esta área debe ser contador o abogado.
Según la constancia de situación profesional de la SEP, Castillo Bañuelos tiene título y cédula profesional de Licenciado en Ciencias Políticas de la BUAP, titulándose en octubre de 2016.
Foto: Especial
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El nuevo director de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura es Rodolfo Faustino Vivanco Domínguez, éste no goza de los afectos de Pedro Antonio Martínez, pero hace todo lo que se le instruye con tal de mantener su puesto.
Los malos tratos del presidente del Consejo de la Judicatura y de la magistrada Araceli Cabido Vaillard al personal de este órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial han llegado a oídos del secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, quien intentó llamarles la atención, pero sin éxito.
Otro funcionario que también fue presionado y tuvo que renunciar a su cargo como administrador de los Juzgados Familiares es Mario Joel Sánchez Delgadillo.
Este es hijo de la ahora magistrada federal Norma Angélica Delgadillo Rodríguez, quien fue directora de Estadística Judicial del desaparecido Consejo de la Judicatura federal.
A la lista de removidos hay que agregar el nombre de Mónica Balderas Alvarado, quien venía desempeñándose como directora de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría Jurídica.
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