Una y otra vez, se repite la misma historia: la actuación del Poder Judicial parece siempre estar inclinada a favor de los invasores de tierras y de los miembros del llamado Cartel del Despojo. Hace unas semanas, se había logrado importantes avances en el juicio de oralidad que se sigue contra los acusados de haberse apropiado ilegalmente de los terrenos de la ex fábrica textil La Covadonga y cuando el juez de la causa estaba a punto de restituir las tierras a sus legítimos dueños, se inventó un argumento sin valor jurídico, para negarse a reintegrar la propiedad a la Fundación Julita y Antonio.
Literalmente, el juez Francisco Javier Martínez Castillo abandonó la dinámica del juicio oral que se sigue contra los imputados para decir, palabras más, palabras menos: “que tal si por ahí aparece otro dueño”, para negar entregar los terrenos a la Fundación Julita y Antonio que es la parte que denunció la invasión y ha demostrado plenamente ser la dueña de la propiedad en juego.
Por esa razón el caso del juez Francisco Javier Martínez Castillo ha sido llevado al Tribunal de Alzada, la cual es la instancia del Poder Judicial poblano en donde se revisan las sentencias de los juzgados y ahí se decide si los fallos se modifican o se revocan.
No es de extrañarse lo que ha ocurrido, dado los oscuros antecedentes de Martínez Castillo que, en su momento, en una de “las mañaneras” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue exhibido como un juez que da protección a delincuentes.
El togado tiene un largo historial de casos controvertidos, documentados por diferentes medios de comunicación, en los cuales siempre hay una constante: beneficiar a personas acusadas de delitos graves.
Ejemplos son los siguientes: en marzo de 2023, el colectivo Cam Cai lo señaló de poner en peligro a una mujer que había sufrido violencia vicaria.
Tres meses más tarde, lo exhibieron por cambiar las medidas cautelares a par de acusados de secuestro, que se vieron beneficiados por el fallo del juez.
En octubre de 2023, permitió que salieran de la cárcel dos hermanos que en “una noche de copas” casi matan a golpes al joven universitario Ernesto Calderón, por el simple hecho de que se lo encontraron caminando en la zona de la Estrella de Puebla.
Hace un par de años, la Fiscalía General del Estado se inconformó porque el mismo juez se mostró inclinado a favor de un presunto líder del crimen organizado que atacó con un arma de fuego, de grueso calibre, a un grupo de agentes ministeriales que realizaban un cateo en el municipio de Acatzingo.
Ahora, se suma a sus oscuros antecedentes un mal fallo en el caso de La Covadonga, que fue de las primeras fábricas textiles del estado de Puebla, que se fundó a finales del siglo XIX.
10 mil pesos de fianza por una enorme invasión
Una noche de hace tres años, un grupo armado se apoderó ilegalmente de los terrenos de La Covadonga, mismos que han querido vender ilegalmente. Desde que la Fundación Julita y Antonio presentó la demanda por el despojo señaló a una persona identificada como Jorge N., como el presunto autor intelectual del robo de la propiedad inmobiliaria.
La actuación del Poder Judicial de Puebla empezó a ir mal desde el año pasado, pues en ese entonces el juez Enrique López Criollo se negó a vincular a proceso a Jorge N., pese a todas las pruebas que había en su contra.
Meses más tarde, la fundación ganó un amparo que obligó al Poder Judicial poblano a reponer el procedimiento contra Jorge N. y vincularlo a un proceso penal por el supuesto delito de despojo.
En esta segunda ocasión, el caso volvió a caer en las manos del juez López Criollo, que ya no se pudo negar a vincular a Jorge N. al juicio que se sigue por la invasión de las tierras de La Covadonga.
Sin embargo, el togado aún se mostró favorable al acusado. Hubo dos situaciones en particular:
Primero: el Ministerio Público pidió que se le fijara una fianza a Jorge N. que fuera proporcional al valor de la propiedad afectada, que en este caso son 8.5 hectáreas, que se entiende es un bien inmobiliario de muy alto valor. No obstante, se le impuso una fianza de apenas 10 mil pesos, que es una cifra ridícula frente al daño provocado con la invasión.
Segundo: también el fiscal que lleva al caso solicitó que se obligara a Jorge N. ir a firmar cada semana en el área de Medidas Cautelares, como una manera de evitar que se marche a otra parte del país. El juez decidió que se debe presentar a plasmar su rúbrica cada mes, pese al riesgo de fuga.
Más allá de estos dos aspectos muy cuestionados, se había logrado un gran avance con la vinculación a proceso de Jorge N.
A partir de ese hecho, la Fundación Julita y Antonio solicitó que le restituyeran las 8.5 hectáreas que fueron objeto de la invasión, como una manera de evitar que se le de un uso ilegal.
Había tres argumentos sólidos: ya está vinculado a proceso el autor de despojo. La fundación acreditó, desde hace tres años, ser la legitima propietaria de las 8.5 hectáreas en cuestión. Y es una forma de frenar los fraudes que se han cometido contra ciudadanos que se les ha vendidos ilegalmente lotes en la zona de conflicto.
En mayo pasado hubo cambio de jueces. Dejó el caso de La Covadonga el togado Enrique López Criollo y entró al relevo Francisco Javier Martínez Castillo, quien le tocó resolver la solicitud para regresar las tierras a la fundación.
Lo que procedía es que convocara –el juez– a una audiencia, toda vez que el juicio es oral, para que ahí comparecieran la Fundación Julita y Antonio, el Ministerio Público y Jorge N., para que cada uno aportara elementos jurídicos y se resolviera el tema de la restitución de la propiedad. No lo hizo así.
El togado determinó, por escrito y no por la vía oral, lo cual es una falta procesal, lo siguiente: negó la restitución de las tierras argumentando la posibilidad de que “existan diversas personas, las cuales pudieran haber realizado la compra-venta de dicha lotificación, existiendo con ello uno o varios terceros extraños al proceso penal, que pudieran alegar tener derechos posesorios y de propiedad sobre dicho bien”.
Al final lo que hizo el juez, según la apelación que se presentó en su contra, es que se puso a especular sobre la posibilidad de que aparezca otro dueño, en lugar de valorar las pruebas documentales presentadas en el juicio.
Pareciera que en el Poder Judicial no se quiere que el caso se resuelva conforme a Derecho.
