La controversia que se ha generado sobre la existencia –por ocho décadas– de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza solo viene a reflejar una realidad: en Puebla nadie revisa el funcionamiento de las escuelas y las universidades, principalmente las que son de carácter privado. Además, siempre hay un manejo discrecional en la aplicación e interpretación de las normas que rigen al sector educativo.
No hace mucho, en esta columna se exponía cómo existen tres instituciones de educación superior privadas de la capital poblana, entre ellas una de las que tiene la mayor matrícula escolar, que funcionan sin tener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, pese a que la ley del ramo exige ese requisito para el funcionamiento de una universidad.
Esa situación ocurre porque nadie revisa que las universidades privadas cumplan con todas las reglas a las que están obligadas.
La SEP poblana, con el paso de los años, se ha convertido en una monumental estructura burocrática, que ha llevado a su personal y los maestros de educación básica y media superior, a tener que cumplir con una lista interminable de trámites y documentos.
El problema central es que después de ese trabajo burocrático, nadie está vigilando dos aspectos fundamentales: la calidad educativa y que las escuelas, academias y universidades, principalmente del ámbito privado, cumplan con la normatividad a la que deben ceñirse.
La autoridad educativa solo actúa cuando surge algún escándalo o conflicto en una institución educativa.
Como ahora lo que ocurre con la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, que luego de la muerte de la niña Dafne Zapata Quinto, en un plantel de inspiración castrense en Tamaulipas, se determinó por parte de la SEP federal cerrar todas las escuelas de este tipo, incluida la que existe en Puebla desde hace 88 años.
Dicha determinación ha sido secundada por la SEP de Puebla sin mayor cuestionamiento.
Lo interesante del caso es que, desde el punto de vista jurídico, no va a ser fácil la clausura de tales escuelas por los derechos adquiridos con base en un reglamento y un acuerdo de la SEP federal, que datan de muchos años atrás.
El pasado 24 de julio, Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP federal, definió que la Ley General de Educación (LGE) no reconoce el modelo de escuelas militarizadas. La única instancia que puede ofrecer enseñanza castrense es la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo es importante observar algo: en ninguna parte de la LGE se establece de manera específica que están desautorizadas las academias militarizadas.
Nunca se ha hecho una reforma o adecuación a esa legislación en torno a los planteles de inspiración castrense. En la ley nunca se mencionan este tipo de escuelas y tampoco se les prohíbe.
En cambio, el 24 de mayo de 1943, el entonces Gobierno de la República emitió el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar.
La fecha es interesante porque se estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial y el presidente de esa época era el poblano Manuel Ávila Camacho, quien había sido militar y en la gestión de su antecesor, Lázaro Cárdenas, se había desempeñado como titular de la Secretaría de Guerra y Marina.
A eso obedece que en esa época se haya visto bien el surgimiento de escuelas civiles con instrucción militar. Precisamente en esos años es cuando surge la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.
Otro antecedente importante es que, el 7 de diciembre de 1982, al inicio del gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, la SEP federal emitió el acuerdo 96, que en el artículo 9, establece que puede haber escuelas militarizadas si cuentan con el aval de la Defensa.
Hasta ahora no se percibe ninguna reforma que haya echado abajo ese reglamento y ese acuerdo.
Todo apunta a que el intento de cerrar las escuelas militarizadas va a terminar en los tribunales.
Lo relevante del asunto es que, hasta antes de la muerte de la niña Dafne Zapata, nadie se fijaba en las academias militarizadas. Lo que muestra cómo las autoridades educativas no revisan la viabilidad de las escuelas y universidades privadas.
