Según el artículo 17 de la Constitución, en su segundo párrafo, la justicia tiene que ser pronta, expedita y completa. Eso en Puebla es una utopía, ya que el funcionamiento del Poder Judicial local es lento, lleno de obstáculos y de corrupción. Una prueba de ello es lo que ha pasado con el juez Francisco Javier Martínez Castillo, contra quien se presentó una apelación y luego una queja por negarse a restituir un predio invadido y al cabo de tres meses y medio, nadie ha tocado el expediente en su contra.
Es tan lento, tan exasperante, el proceder del Poder Judicial de Puebla que ni siquiera le han dado número de expediente al recurso que se presentó contra el togado.
La historia empieza así: hace tres años fueron invadidas 8.5 hectáreas ubicadas en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, en el norte del municipio de Puebla, por un grupo armado que, luego de apoderarse de la propiedad, lotificó el área y puso a la venta los terrenos de manera ilegal.
Tras un largo y tortuoso juicio, en mayo de este año, se lograron dos aspectos relevantes por parte de los abogados defensores de la Fundación Julita y Antonio, que es la dueña de los terrenos que fueron objeto del despojo.
El primero fue que se vinculó a proceso a Jorge N., un personaje que está identificado como el presunto autor intelectual de la invasión de las 8.5 hectáreas, junto con la comercialización ilegal de los predios.
Por esa razón, el juez Francisco Javier Castillo le impuso una fianza y le retuvo el pasaporte para evitar que salga del país antes de concluir el juicio.
Un segundo avance es que la Fundación Julita y Antonio demostró plenamente ser única propietaria legal de los terrenos que fueron objeto de la invasión, mismos que se encuentran en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, la cual es una zona que fue parte de la ex fábrica textil de La Covadonga.
Con esos dos elementos, en una audiencia realizada a finales de mayo pasado, la Fundación Julita y Antonio pidió la restitución de los terrenos invadidos.
No había ningún elemento jurídico para que no ocurriera el regreso de los predios a los auténticos dueños.
De manera sorpresiva, el juez Francisco Javier Castillo se negó restituir la propiedad reclamada, tras argumentar lo siguiente: …dado “que existen diversas personas, las cuales pudieran haber realizado una compra venta de dicha lotificación existiendo con ello uno o varios terceros extraños al proceso penal, que pudiesen alegar tener derechos posesorios y de propiedad sobre dicho bien”.
Esa respuesta del juez es una especulación, no es una decisión que se tome sobre elementos objetivos.
En todo caso, tenía que convocar a una audiencia, dentro del juicio oral que se sigue por la invasión, en la que participaran los abogados de la fundación, el acusado por el delito de despojo y el Ministerio Público, que son los actores del litigio, para que aportaran argumentos sobre si procede o se anula la solicitud de restitución de las 8.5 hectáreas en cuestión.
Al no haber actuado de esa manera, los abogados de la parte agraviada presentaron un recurso de apelación en contra de la negativa del juez Francisco Javier Martínez Castillo de restituir los predios a sus propietarios.
Luego de ello, el juez estaba obligado a mandar la apelación a una sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia, para que ahí se resolviera si era correcto o no el fallo del togado Martínez Castillo.
En lugar de cumplir con el procedimiento, el juez se pasó dos meses mandando y recibiendo oficios –es decir “darles vista”– sobre este asunto, la cual era una práctica dilatoria para que no se examinara el recurso de apelación que se presentó en su contra.
Tal situación llevó a que los abogados de la fundación, el pasado 6 de agosto, presentaran una queja contra el juez por no colaborar a resolver la impugnación que se presentó contra su fallo de no regresar los terrenos de La Covadonga.
Francisco Javier Castillo reaccionó y finalmente mandó la apelación a la Cuarta Sala de lo Penal, del Tribunal Superior de Justicia, que está integrada por los magistrados Yrina Yanet Sierra Jiménez, Abelardo Gil Martínez e Isaí Rivas López.
Esa sala tenía tres días de plazo para decidir quién, de los tres magistrados antes mencionados, se haría cargo de recibir, analizar y presentar un proyecto de resolución sobre la impugnación.
Se venció el plazo y no se avanzó nada. No hay un magistrado al que se le haya asignado el recurso de apelación, tampoco se le ha asignado un número de expediente y el documento está “atorado” en algún escritorio.
Los litigantes de la Fundación Julita y Antonio han exigido una explicación de por qué de esa extrema lentitud.
Un día les respondieron que el retraso era por falta de personal en el Poder Judicial.
Otro día, el argumento fue que los magistrados se habían ido a una gira del Gobierno del estado.
¿Serán ciertos estos argumentos?
¿O no será que en el Poder Judicial están protegiendo a los invasores?
