Las invasiones de grandes extensiones de tierras en Puebla y Tlaxcala se han venido incrementando en los últimos años por una nueva y compleja modalidad de fraude inmobiliario que permite, entre otros aspectos, utilizar los predios despojados para construir casas con recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante una red de complicidades que incluye la participación de notarios públicos, de funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del propio Infonavit, así como de fiduciarias, que es la parte más importante de este entramado.
De tal manera que los dueños de los predios invadidos cuando quieren emprender acciones legales se enfrentan a una maraña de intereses y de participantes en el fraude, lo cual hace difícil y a veces imposible saber cuáles son las rutas para poder actuar penalmente contra todos los implicados; pero sobre todo, para frenar los desarrollos inmobiliarios que se levantan en los terrenos despojados.
Es tan sofisticado este timo que los compradores de viviendas –con créditos del Infonavit– no tienen manera de advertir que están adquiriendo bienes inmuebles que tienen vicios de origen y que los puede llevar al riesgo de acabar perdiendo las casas que han comprado y que, además, tienen la obligación de no dejar de pagar, aunque se advierta la ilegalidad del proceso de compraventa.
Un factor que agrava el problema es la exasperante lentitud con que actúa, en particular, el Poder Judicial poblano para desahogar los procesos penales por despojo.
Que en ocasiones se percibe que es por problema de falta de personal en los juzgados y por la habilidad de los abogados de los acusados para frenar el avance de las audiencias.
Pero también está presente el problema de corrupción que frena el progreso de los litigios, con la complicidad de funcionarios del Poder Judicial.
Y los más sorprendente es que quien orquesta todo el fraude puede ser alguien que quede al margen de toda acción legal.
Son mafia que tienen muchos eslabones y una forma compleja de actuar para hacer creer a todo mundo que sus desarrollos inmobiliarios son legales y sin complicaciones.
La forma del fraude
La red que opera estos fraudes actúa de la siguiente manera:
Primero se localiza el terreno que es susceptible de ser invadido. En lo que más se fijan las mafias dedicadas a este ilícito, es que atrás del predio no haya una empresa o una institución pública que tenga la capacidad de frenar el delito en el corto plazo.
Luego de ello, aparece un representante legal apócrifo que, con la complicidad de un notario público, realiza una falsa compraventa de los terrenos despojados, mediante la falsificación de las firmas de los auténticos propietarios.
Para hacer más compleja esta parte, se utilizan los notarios de un estado vecino. Fedatarios de Puebla avalan ficticias operaciones inmobiliarias en Tlaxcala, y viceversa, cuando la ilegal compra de tierras ocurre en territorio poblano, aparecen en la escena notarios de la entidad tlaxcalteca.
El siguiente paso es que en el Registro Público de la Propiedad se hacen los cambios de propietarios.
A continuación, el falso dueño solicita al Infonavit recursos económicos para construir casas de interés social.
Y para ello, contrata el servicio de una fiduciaria, que supuestamente se va a encargar de vigilar que “el propietario” cumpla con el pago del dinero otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Luego de ello, el Infonavit acredita a la fiduciaria y entonces le entrega el monto del crédito solicitado.
Y de esa manera la fiduciaria le deposita al dueño fingido el dinero, ya sea en un solo monto o en partes, para que emprenda la construcción de viviendas, así como el posterior proceso de venta de los inmuebles, para lo cual los compradores en su mayoría utilizan sus créditos personales del Infonavit.
El caso de Arcos Altos
Un ejemplo claro de esta trama apareció en el desarrollo Arcos Altos, que se levantó en predios despojados de Ixtacuixtla, Tlaxcala, en donde se construyeron 480 departamentos, mismos que se vendieron en su mayoría a derechohabientes del Infonavit del estado de Puebla.
Lo que llama la atención de este asunto es que apareció la figura de un hombre llamado Karlos Zenteno, quien según han narrado los implicados en la construcción del fraccionamiento Arcos Altos, habría sido el orquestador del proyecto.
No obstante, su nombre no aparece en ninguna parte y, por tanto, en el proceso penal que emprendieron los dos propietarios de los terrenos invadidos, no se pudo incluir la figura de Karlos Zenteno.
Una situación que tiene el borde de la desesperación a los constructores y los que comercializaron las casas, porque ya perdieron el juicio y un juez los está obligando no solo a devolver los terrenos, sino a entregar la propiedad de las 480 viviendas a quienes promovieron el juicio en su contra.
Sin que los perdedores del litigio puedan incluir en el resarcimiento de daños y la restitución de la propiedad a quien supuestamente los acabó involucrando.
