El distrito judicial de Cholula, desde hace varios años, ha sido el epicentro del llamado “Cartel del Despojo”, un problema que sigue bajo la sombra de la impunidad. Una historia de este sistema de robos es la siguiente: no hace mucho se descubrió que un juez permitió que se adjudicaran siete bienes inmuebles a un grupo empresarial que reclamaba la propiedad con base en un contrato digital que, no tendría nada de extraño, si no fuera por el “pequeño detalle” de que se elaboró en un año en que todavía no había computadoras en Puebla.
Todo el distrito de Cholula ha sido y sigue siendo la zona de mayor influencia de este sistema en que se coluden poderosos abogados litigantes, jueces, notarios públicos, funcionarios registradores de la propiedad y de las áreas de desarrollo urbano, junto con empresarios, para cometer abusos, invasiones, fraudes y despojos de bienes inmuebles.
Es una mafia que protege todo tipo de robos inmobiliarios, sin importar que se utilicen métodos burdos e infantiles de despojo, como usar un “archivo digital” elaborado hace 63 años, cuando solamente existían las máquinas manuales de escribir. Tal como se relata más adelante en esta columna.
Por esos muchos jueces que estuvieron en el distrito de Cholula literalmente se “sacaban la lotería”, pues el proteger al “Cartel del Despojo” les permitió, entre otras cosas, convertirse en propietarios de hoteles en la zona turística de Zacatlán, poner fábricas de vinos, invertir en un hospital privado ubicado en San Andrés Cholula o acabar como empresarios del ramo de compraventa de casas, terrenos y locales comerciales.
Los jueces son la parte clave de este sistema mafioso, pues al final si el aparato judicial está comprometido con el crimen organizado, no hay forma de frenar los despojos y hacer valer la justicia.
Lo grave de toda esta situación es que aunque en el discurso oficial del Gobierno y el Poder Judicial se ha reconocido, denunciado y condenado al “Cartel del Despojo”, no hay procesos legales en contra de sus principales protagonistas.
Algunos de los participes del “Cartel del Despojo” han entendido que es momento de retirarse momentáneamente de este sistema de crimen organizado, pero otros muchos sienten que nada les va a pasar.
El archivo digital que se hizo sin una computadora
No hace mucho se descubrió que un juez del distrito de Cholula, que recientemente lo cambiaron de esa plaza, admitió una demanda de otorgamiento de escrituras de siete casas que presentó un grupo empresarial.
Los inmuebles involucrados no son cualquier cosa. Se ubican en la zona de Zerezotla, que es el área de mayor plusvalía en el municipio de San Pedro Cholula, por estar en el territorio en que se encuentra el Club de Golf Las Huertas y la reserva ecológica del cerro Zapotecas.
Curiosamente, la parte demandada en el juicio nunca respondió. Lo cual hace suponer que nunca se enteró que le estaban reclamando la propiedad de las siete casas-habitación en cuestión.
El juicio siguió su curso normal y el juez le dio la razón a la parte que inició el litigio, es decir, al grupo empresarial, para que los inmuebles les fueran escriturados a su favor.
La “prueba reina del caso” es que quienes exigían aparecer como los nuevos propietarios de las viviendas presentaron un contrato privado de compraventa que les beneficiaba.
Fue hasta que se estaba elaborando la sentencia que, por suerte, alguien en el Poder Judicial actuó con la debida diligencia y detectó algo que no cuadraba en lo absoluto.
El contrato de compraventa que se presentó en el juzgado era digital y resulta que se elaboró en 1963, un año en que no había computadoras en Puebla.
Un detalle que el juez inicial de la causa dejó pasar con total alevosía y ventaja.
Era obvio que el contrato era notoriamente falso.
Para ser más claros: cuando se hizo ese supuesto “archivo digital” faltaban 18 años para que la empresa IBM fabricara la primera computadora personal del mundo.
O visto de otra manera: se redactó ese “contrato digital” siete años antes de que llegara la primera computadora a Puebla, que fue una IBM 1130, que pesaba una tonelada y la adquirió la Universidad Autónoma de Puebla en 1970.
Ahí no termina todo, fue hasta 1976 que se creó –por instancia del entonces rector, Luis Rivera Terrazas– el departamento encargado de manejar ese sistema, que se usaba para cálculos matemáticos, no para elaborar “contratos chuecos” de bienes inmuebles.
La actual titularidad del juzgado de Cholula ha declarado no aprobada la acción de otorgamiento de escrituras.
También ha dado vista al Ministerio Público para que proceda contra los responsables del intento del fraude.
El problema de fondo es que haya voluntad en el Poder Judicial para castigar a los autores del fraude y los que solaparon el “archivo digital” elaborado sin una computadora.
