El despojo e invasión de 129 mil metros cuadrados de la ex fábrica textil La Covadonga tuvieron un componente fundamental: Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, quienes son los notarios públicos 1 y 2 de Xicohténcatl, Tlaxcala, respectivamente, crearon un “fraccionamiento clandestino” para aparentar que esa superficie se había adquirido por una cesión de derechos y lo más grave, cambiaron las ubicaciones geográficas para engañar a muchos compradores de predios de que los terrenos estaban en territorio tlaxcalteca y que no pertenecen el municipio de Puebla.
La exfábrica textil La Covadonga se creó en 1897 y desde esa época se asentó que, dicha factoría, está al norte de la Angelópolis. Incluso sus obreros crearon el primer Sindicato Textil de Puebla en la década de los años 20, del siglo pasado.
En 1930 se fundó la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza por lo obreros de La Covadonga. Una década más tarde, en 1941, el Congreso local de Puebla le dio estatus de pueblo y al llegar los años 60, se convirtió toda esa zona en una junta auxiliar de la capital.
Ahora resulta que esa área, según los notarios Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, no es parte de Puebla, sino que pertenece al ficticio rancho La Moratilla, registrado en Tenancingo, Tlaxcala.
Los fedatarios han emitido escrituras en las que literalmente le cambiaron la geografía a Puebla y Tlaxcala, sin que hubieran intervenido los congresos locales de ambos estados.
Todo con el propósito de que los terrenos invadidos –en los últimos dos años– se pudieran lotificar y vender a compradores que ignoraban el despojo del que fue objeto la fundación propietaria de La Covadonga, un centro de producción textil que cerró sus puertas en 2006 por la pérdida de mercado.
A docenas de personas las defraudaron haciéndoles creer que estaban comprando predios a los legítimos propietarios; que los terrenos estaban libres de gravamen en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala; y que era mentira que estuvieran en la colonia Agrícola Zaragoza, al norte de la capital del estado de Puebla.
Ello fue posible mediante un juicio ilegal de cesión de derecho que, es tan burdo e incongruente, que la sentencia nunca menciona cuál es el tamaño de la superficie que cambió de propietario.
Es tan ridícula esa sentencia judicial que, es equivalente a que la factura de un auto no mencionara el precio del vehículo o el contrato bancario de un crédito no registrara el monto del dinero que se le prestó a un cuentahabiente.
Todo eso pudo ocurrir por la complicidad que hubo de la Dirección de Notarías y Registro Públicos de Tlaxcala, en la época en que estuvo al frente Dora Delia Hernández Roldán, puesto que esta instancia debía haber verificado la legalidad de los actos de los fedatarios Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, algo que nunca ocurrió.
Los cuestionamientos contra los fedatarios y la Dirección de Notarías y Registro Públicos
se desprende de una carta que –desde octubre pasado—se hizo llegar a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, por parte de Jesús González Schmal, quien es el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, la cual es la propietaria de los terrenos de la ex fábrica La Covadonga.
En la misiva se le pide a la titular del Poder Ejecutivo que se investigue a los notarios Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, tras describir como han creado “un fraccionamiento clandestino”.
Y se le solicita a la mandataria que se proceda tal como, a mediados de este año, ocurrió con el fedatario Alejandro Moreno Morales, a quien se le retiró la patente notarial 2 de Zacatelco, Tlaxcala, por haber incurrido en anomalías en su ejercicio público.
Dos meses más tarde, se envió una segunda carta a la gobernadora de Tlaxcala, en donde se le expone que muestra de la ilegalidad con que han actuado los notarios en cuestión es que, el 19 de julio de este año, se demolieron algunos inmuebles que se levantaron en la zona invadida y que fue un acto ordenado por autoridades de Puebla.
Ante tal hecho –el derrumbe de las casas—un grupo de 13 compradores de predios buscaron ampararse contra la demolición de los inmuebles y el Juzgado Tercero de Distrito de Tlaxcala declaró sobreseído el expediente 1248/2025, lo cual es un reflejo de que no había una razón jurídica a favor de los solicitantes de la protección federal.
En la misiva se indica por parte de Jesús González Schmal:
“… están siendo víctimas muchas familias de Tlaxcala y Puebla por el engaño instrumentado con un falso contrato de compraventa, protocolizado por los notarios N° 1 y N° 2 (Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, ambos en Xicohténcatl), acogido indebidamente por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Puebla (Dora Nelia Hernández Roldan), mediante el cual de un predio obtenido por una supuesta cesión de derechos de una prescripción adquisitiva en un predio rústico denominado “Rancho La Moratilla” localizado en Tenancingo, Tlaxcala (en cuya sentencia ni siquiera se consigna una superficie determinada), con la que se pretende acreditar tales derechos de propiedad de lotes en un fraccionamiento clandestino, derivado de una invasión parcial (83 mil m2) del “Ex Rancho La Covadonga” de la Ciudad de Puebla”. (Sic)
“En un segundo caso, pero de idéntico modus operandi se utilizó el falso derecho de la sentencia de la prescripción adquisitiva de La Moratilla para trasladar en dos partes de 24 y 22 mil m2, otra superficie a favor de la Fábrica Agua Inmaculada, S.A. de C.V., representada en el acto por su administrador único Eymard Arguello Mancilla; dándose el mismo desdoblamiento de la ubicación del Rancho La Moratilla, para supuestamente acreditar derechos sobre el Ex Rancho La Covadonga de Puebla Capital, cuyos invasores intentaron la creación de un fraccionamiento clandestino, que finalmente fue demolido el 19 de julio de 2025 por parte de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de dicho municipio sede de la Capital del Estado”. (Sic)
