Según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, en los últimos ocho años, en promedio, casi todos los días se abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura, que incluye tratos y penas crueles. De tal manera que en ese periodo se han acumulado 2 mil 765 asunto relacionados con ese ilícito. Por esa razón resulta sorprendente, o mejor dicho indignante, que en su reciente informe anual la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Rosa Isela Sánchez Soya, literalmente borró, soslayó, escondió, los llamados “delitos de autoridad”, que se dan con la práctica de la tortura.
Las cifras son contundentes y muestran una terrible realidad: en Puebla se tortura a diario por parte de agentes ministeriales, policías municipales y estatales, por custodios de los penales e incluso por algunos alcaldes. Y sobre este mundo de violencia institucional, la presidenta de la CDH decidió “esconder el tema abajo del tapete”.
En un informe de 17 cuartillas, Rosa Isela Sánchez Soya únicamente le dedicó un renglón y medio, en el que caben 20 palabras, al tema de la tortura.
No es que la relevancia de una idea se mida solamente por la extensión de un texto, pues en 20 palabras se han hecho grandes definiciones en la vida de México, como cuando Luis Donaldo Colosio dijo: “Veo un México con hambre y sed de justicia”, o cuando Andrés Manuel López Obrador les reclamó a los diputados que lo desaforaron: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”.
El problema de fondo es la banalidad con que la presidenta del CDH abordó el tema al decir: “En el marco de la investigación de posibles casos de torturas, se aplicaron cuatro Protocolos de Estambul, reafirmando nuestro compromiso con su erradicación”.
La primera reacción que surge al leer esas líneas es preguntarse:
¿Eso es todo?
¿No hay más que decir?
¿Cuál fue el resultado de esos Protocolos de Estambul?
¿No les corresponde a los peritos de la FGE el aplicar dicho sistema de detección de torturas?
¿A qué se refiere con “nuestro compromiso con su erradicación”?
Durante el acto realizado –la semana pasada– en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, al que solo invitó a “aplaudidores” y excluyó a algunos medios de comunicación como La Jornada de Oriente, la presidenta de la CDH solo uso una vez la palabra “tortura” y mencionándola como algo insignificante.
Es evidente que la presidenta de la CDH salió ha “esconder” 20 pies bajo tierra el tema de la tortura, que está más que presente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
De acuerdo con una solicitud de información –que tiene el folio 210448325000061– , tan solo en este año, han llegado a la CDH 11 quejas por el delito de tortura, lo cual significa que cada mes por lo menos hay un asunto de esa práctica ilegal y supuestamente altamente penado por el sistema judicial de Puebla que llega a algún escritorio de la Comisión de Derecho Humanos.
Y en 2024, año en que Sánchez Soya arribó al cargo, fueron 64 quejas de tortura. Es decir, poco más de una por cada semana.
Sin contar que la FGE, a lo largo de los últimos tres años, abrió 251 carpetas de investigación por tortura. Lo que significa 1.6 casos por día.
Sobre todo ese historial de quejas y carpetas de investigación por tortura, la titular de la CDH no le dedicó ni una sola palabra.
La tortura es considerada como la máxima violación a los derechos humanos, razón por la cual se ha establecido en la Constitución del estado de Puebla que es un delito que no prescribe.
Razón más que suficiente para que fuera un tema central de la CDH estar investigando cómo se tortura en Puebla, qué se hace contra los autores materiales e intelectuales de esos crímenes de lesa humanidad y si tales tormentos ocurren dentro o fuera de instalaciones oficiales, o en recintos clandestinos, como las llamadas “casas de seguridad”.
La banalidad del mal
Este breve análisis de lo que fue el informe anual de la presidenta de la CDH se llega a una conclusión clara:
No se está diciendo que Rosa Isela Sánchez Soya esté haciendo mal su trabajo, por el contrario, está cumpliendo con el encargo que se les da –en todos los gobiernos de los últimos 20 años– a los encargados de esta área, que es convertir a la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Puebla en un organismo de ornato, inservible y que solo aparente proteger las garantías constitucionales.
Solo hay que hacer una pequeña observación para sustentar lo anterior: la ombudsman le dedicó al asunto de la tortura renglón y medio, mientras que al tema de la biblioteca de la CDH, junto con las publicaciones, los cuentos y folletos que repartió, ocuparon cinco párrafos del informe.
Una tendencia observada en los últimos ocho años, en que la CDH recibió 719 quejas por tortura y emitió un número insignificante de recomendaciones por dichos casos.
Algo interesante es que, al inicio del documento, Sánchez Soya cita en dos ocasiones a la filosofa alemana Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras del siglo XX, que desmenuzó los sistemas políticos totalitarios y la forma en que las burocracias justifican o soslayan el mal.
Y precisamente es Hannah Arendt la que mejor ha descrito lo que pasa con organismos como la CDH Puebla, que no hace nada contra “los crímenes de lesa humanidad”, mediante el concepto que acuñó y llamó “la banalidad del mal” que dice:
“Es un concepto que describe cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos”, según explica el investigador Miguel J. Hernández Madrid, de El Colegio de Michoacán.
