La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó este 31 de octubre de 2025 al Gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional por los ataques perpetrados contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en los que habrían muerto más de 60 personas.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, las personas a bordo de las embarcaciones fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”, por lo que exigió el cese inmediato de estos operativos.
“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, advirtió Türk, quien también recordó que el derecho a la vida está protegido por normas internacionales de derechos humanos que Washington debe respetar.
El organismo detalló que los ataques son ejecutados por fuerzas militares estadounidenses bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo, dentro de lo que denominan “operaciones necesarias” para la seguridad nacional. Sin embargo, la ONU rechazó esa justificación, al subrayar que no existe un conflicto armado declarado que justifique la aplicación del derecho internacional humanitario, por lo que las acciones deben regirse por el marco de los derechos humanos.
Según la portavoz de Türk, Ravina Shamdasani, ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza letal. Por tanto, los ataques constituyen violaciones graves al derecho internacional y deben ser investigados.
“Estas muertes no pueden quedar impunes. Las autoridades estadounidenses tienen la obligación —no la opción— de realizar una investigación rápida, independiente y transparente”, insistió Shamdasani.
La ONU reconoció la gravedad del narcotráfico en la región, pero recordó que la lucha contra las drogas debe realizarse mediante métodos policiales legales, como la interceptación y detención de sospechosos, y no a través de bombardeos o ataques militares.
El alto comisionado reiteró que Estados Unidos está obligado a cumplir los tratados internacionales contra el narcotráfico de los que también es signatario, y advirtió que sus acciones, además de ilegales, erosionan la legitimidad global de su política antidrogas.
