En varias ocasiones en que se le ha pedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que ejecute mandatos judiciales para restituir bienes inmuebles que fueron objeto de alguna invasión o despojo, siempre se le acaban “haciendo bolas” las órdenes al personal de este organismo público y al final no actúa en la recuperación de las propiedades.
Un episodio similar acaba de volver ocurrir, en el cual un juez de Oralidad Penal le advirtió a un agente del Ministerio Público que recibiría una fuerte multa si no programaba un acto jurídico para devolver una enorme extensión de tierras a sus legítimos propietarios y el funcionario, sin ningún empacho, ignoró el encargo argumentando que no tenía tiempo para atender tal solicitud.
Esa respuesta es muy grave si se toma en cuenta que se trata de 400 hectáreas y que la primera orden judicial –que se le dio a la FGE– de restitución de esa propiedad, ocurrió hace 23 meses y no hay poder humano que haga cumplir esa determinación.
Frente a ese hecho surge una pregunta básica: si un agente del Ministerio Público no atiende la orden de un juez, ¿entonces a quién le hace caso el personal de la FGE para que se actué en contra del despojo de propiedades inmobiliarias?
O mejor hay que preguntarse: ¿es por colusión o por negligencia que los funcionarios de Fiscalía General del Estado no mueven un dedo contra los grupos invasores?
El suceso al que se hace referencia es un caso de invasión que ha sido plenamente documentado en este espacio periodístico, en donde ha quedado exhibido cómo lo grupos invasores gozan de absoluta impunidad.
En noviembre de 2023, un juez ordenó que se restituyeran 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina a sus legítimos propietarios, quienes un año antes sufrieron el despojo de esa extensión. Nunca se cumplió el mandato judicial en torno a esa propiedad ubicada al sur del municipio de Puebla, en la junta auxiliar Azumiatla.
Ahora, el pasado 6 de agosto de este año, el juez de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, Salvador Hernández Martínez, por enésima vez volvió a ordenar que se regresen los predios a sus dueños.
Todo hace suponer que por la enorme tardanza que hay en este asunto le advirtió al agente del Ministerio Público encargado del caso que si no cumplía en un plazo de 10 días el programar la devolución de las tierras, le aplicaría una multa, que según el cálculo de este tecleador sería de alrededor de 13 mil pesos.
Se considera que es fuerte esa cantidad monetaria si se toma en cuenta que el salario promedio de un agente del Ministerio Público es de unos 30 mil pesos mensuales. Por tanto, una multa de 13 mil pesos sería equivalente casi a la mitad del ingreso por mes de un representante social.
Esta fue la orden específica del juez: “…se ordena que en un término no mayor a los 10 días contados a partir de su legal notificación se de contestación a lo solicitado por los peticionantes, por lo que de ser omiso será acreedor a una multa disciplinaria de 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)” (Sic).
Después de dicha orden, pasaron los 10 que fijó el juez y el agente del Ministerio Público –cuyo nombre no aparece en los documentos oficiales que consultó este columnista– no fijó la fecha, tal como se le ordenó, para realizar el operativo que regrese los terrenos a sus propietarios.
Ante tal incumplimiento, los abogados de la parte agraviada le solicitaron al juez que la solicitud de programar la restitución ahora se hiciera directamente a la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, ante el incumplimiento del Ministerio Público.
El juez les respondió a los abogados que un día entes de que hicieran esa petición, había emitido un nuevo documento en donde consigna que el agente del Ministerio Público argumentó que por excesivas cargas de trabajo no había cumplido con la programación que le pidieron.
Ante ello, el togado Salvador Hernández le dio un nuevo plazo de cinco días al Ministerio Público y le vuelve a advertir que, si no hace caso, lo va a multar.
Esta es la orden específica del juez, expedida el miércoles de la semana pasada: “Se tienen presentados dos escritos signados por agente del ministerio público, manifestando que por carga de trabajo no se ha podido dar cumplimiento a lo ordenado por la presente autoridad, solicitando que se le otorgue el término de 5 días más, afín de que, de cabal cumplimiento… (Sic)”.
La fecha límite “ya está a la vuelta de la esquina”, a ver si ahora si hacen caso en la FGE.
