Sorpresivamente, el tianguis de autos que el controvertido abogado Carlos Talavera instaló en los terrenos invadidos de La Covadonga, ubicados en el norte del municipio de Puebla, tuvo una exigua duración, pues solo funcionó un fin de semana y tres días más tarde, sin ninguna explicación de por medio, fue desmantelado y el predio donde se asentó, aunque sigue con vigilancia, ya se encuentra vacío.
Se podría suponer que el retiro de ese mercado de autos es “una luz al final del túnel” en los litigios, de tres años, que ha librado la Fundación Julita y Antonio para intentar recuperar –de un par de violentas invasiones– los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga, ubicados en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza.
Eso no es así, pues el conflicto no tiene visos de una posible solución, sino por el contrario, se está complicando cada vez más por un factor importante: la corrupción oficial que hay entre algunas autoridades civiles y judiciales del estado de Tlaxcala para coludirse con grupos dedicados al despojo de tierras del lado de Puebla.
Resulta que en los últimos días los invasores de los dos conjuntos de predios de La Covadonga han echado a andar una campaña de querer demostrar que la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza es parte del territorio de Tlaxcala, pese a que en las cartografías oficiales –a lo largo de más de un siglo– se consigna que siempre ha sido parte fundamental del territorio de la capital poblana.
Queda claro que esa campaña no busca demostrar que hay alguna “laguna” en la definición de los límites de Puebla con Tlaxcala.
Lo que se pretende es seguir engañando a la gente que se acerca a comprar terrenos en las zonas invadidas, por la atracción del bajo precio del metro cuadrado de tierras, y les hacen creer que todo es legal con documentos de notarios y ayuntamientos de la entidad tlaxcalteca.
En ese sentido, recientemente se ha detectado que, con toda impunidad, por no decir descaro, desde el Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala, se estarían expidiendo licencias comerciales y de construcción en predios del Rancho Morillotla, que es el nombre con el cual los invasores rebautizaron la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza o la zona de Covadonga.
Tales permisos se estarían expidiendo a un costo de 8 mil pesos, dicen algunos enterados de dicho asunto.
Esos documentos no tienen ningún peso jurídico, pues al final los colonos que siempre han vivido en él área de la ex fábrica textil han pagado impuesto y servicios públicos al gobierno municipal de la Angelópolis, además de votar por autoridades poblanas.
Lo cual lleva a que si un día los incautos compradores de terrenos en la zona invadida quieren emprender acciones legales con los documentos expedidos en Tenancingo, se van a topar con la dura realidad: son licencias sin ningún valor jurídico porque la autoridad que los emite no tiene jurisdicción en el área en conflicto.
Lo que en realidad ocurre es que los invasores quieren poblar lo más rápido posible el área para que vendan lo antes posible la mayoría de los terrenos despojados.
Quieren finiquitar la comercialización de los lotes antes de que se emitan las sentencias de los dos juicios que se emprendieron por la ocupación ilegal de dichos predios.
Más allá de la osadía de funcionarios de Tenancingo de expedir permisos fuera de su jurisdicción, lo que más llama la atención es la pasividad de otras autoridades de no frenar la corrupción que sigue agravando las invasiones inmobiliarias en el norte del municipio de Puebla.
Como siempre ocurre, los gobiernos intervienen hasta que los problemas se desbordan. Nunca actúan a tiempo.
