En las altas esferas del poder parece haber consenso para revisar la ambigüedad del artículo 480 del Código Penal de Puebla, que castiga con hasta tres años de prisión a quien, “a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Mi abuela y mi madre solían decir: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”. Eso ocurrió con la Legislatura local, cuando, casi en fast track, aprobó una ley que, en lo personal, consideró necesaria para abordar problemas graves como el acoso a menores, la pornografía infantil y la trata de personas. Sin embargo, el artículo 480 parece limitar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, lo que genera preocupación.
Personalmente, rechazo a los cobardes que, escudados en el anonimato de una cuenta, se atreven a insultar, ofender o entrometerse en la vida privada de otros, pretendiendo formar parte de la opinión pública. No obstante, la ambigüedad del artículo 480 es una invitación a la censura. Me recuerda el intento del diputado Andrés Villegas de regular la actividad periodística y prohibir a los periodistas “invadir” la vida privada de los personajes públicos.
También evoca el intento, en 2011, de Rafael Moreno Valle, cuando se impulsó una reforma que eliminó los delitos de difamación y calumnia del Código Penal, sustituyéndolos por el concepto de “daño moral”, castigado por la vía civil. Sin embargo, se eliminó la idea de que el “daño moral” incluyera “dañar los sentimientos” de las personas. La ambigüedad persiste: ¿quién determina si causaste un daño emocional? ¿Un psicólogo? ¿Qué magnitud tiene ese daño?
Pese a la polémica, esta situación ha generado algo positivo: la necesidad de un gran debate social, no solo entre periodistas, sino con la ciudadanía y las autoridades. Temas como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la relación entre prensa y poder, siempre compleja, deben discutirse abiertamente. Es alentador que el gobernador haya instruido al Congreso establecer mesas de diálogo y que la presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa García Chávez, haya actuado con rapidez para abrir este debate. Ella misma ha reconocido que, de ser necesario, se modificará el artículo 480, una postura sensata.
Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en delitos cibernéticos, por lo que una ley de ciberseguridad es imprescindible. Corregir no es sinónimo de debilidad; saber escuchar es una virtud. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó en la mañanera la disposición a realizar foros de consulta sobre esta ley, que no solo involucra a quienes informamos a través de los medios, sino a toda la sociedad.
Sería valioso incluir las voces de las universidades, aunque muchas estén por iniciar vacaciones, así como de empresarios, cuyas opiniones críticas, antes relevantes, hoy están ausentes. La participación de todos estos sectores enriquecería el debate y ayudaría a perfeccionar una ley necesaria, pero con reglas claras y sin ambigüedades.
