El reciente asesinato de Juan Manuel Zenteno Jiménez, conocido popularmente como “Chon” y quien era el candidato fuerte a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, es apenas la punta del iceberg de una grave crisis de inseguridad pública –que incluye extorsiones, ejecuciones y asaltos— en toda la zona de influencia de la presa de Valsequillo y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han venido ignorando sistemáticamente.
Una forma de dimensionar la gravedad de lo que está pasando es que vecinos bien informados sostienen que por lo menos 60 por ciento de los negocios de la zona ya estarían pagando “derecho de piso”, que es una extorsión en promedio de 5 mil pesos mensuales que los propietarios son obligados a erogar a cambio de que grupos criminales les permitan vender.
Ese cobro ilegal abarca a los dueños de tiendas de abarrotes, de pequeños negocios de venta de frutas y verduras; a los talleres mecánicos de autos, motocicletas y bicicletas; a las papelerías, a las fondas, las taquerías y hasta los pocos cibercafés que todavía sobreviven.
De manera sorprendente, otra actividad que está siendo objeto de esas extorsiones son los mototaxis, los que no son propiedad de grupos criminales.
A quienes se les cobra una cuota mucho mayor, que pueda ser hasta tres veces más grande, es a los propietarios de comercios establecidos que cuentan con licencias para expender bebidas alcohólicas.
Y a su vez, en muchos lugares se han adaptado cocheras, patios, terrenos baldíos y cuartos para la venta ilegal de cerveza y sustancias prohibidas. Los dueños no les tienen miedo a las autoridades, ya que les pagan a grupos criminales “un derecho de piso” muy elevado para que los dejen funcionar y no los “molesten” los supervisores oficiales de la actividad comercial.
Los negocios más pequeños, conocidos como “changarros” o los vendedores ambulantes, o de mercados, también son objeto de ese expolio y con ellos las cuotas bajan a 2 o 3 mil pesos al mes. Lo cual significa que casi nadie se escapa.
Esta crisis de inseguridad abarca la extensa zona que incluye al municipio de Cuautinchan, así como las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacan, San Baltazar Campeche, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla, que pertenecen a la capital.
Un dicho que se ha generalizado entre los pobladores de esa región es: “No pasa nada porque a los policías siempre se les ve tomando el refresco con los colombianos”.
De esa manera la gente expresa su malestar porque la zona ha sido abandonada por los tres niveles de gobierno, que incluye a autoridades surgidas de Morena y el PAN.
El uso de la expresión “colombianos” se debe a que el incremento de la violencia y sobre todo de las extorsiones, ocurrió a partir del año 2021, aunque los problemas de inseguridad ya se venían “cocinando” desde la época en que gobernaron Rafael Moreno Valle Rosas el estado y Eduardo Rivera Pérez la capital, ambos políticos panistas.
El año 2021 es clave debido que el entonces gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta permitió que volvieran a funcionar los mototaxis, luego de que en el sexenio morenovallista dicho transporte fue prohibido.
Hace cuatro años se modificó la ley para establecer que se permitía el retorno de los mototaxis en aquellas comunidades con carencia o deficiencia del transporte público. Y resulta que toda el área de influencia de la presa de Valsequillo tiene pésimos servicios públicos, pasando por las rutas de traslado de pasajeros.
Cuando se autorizó el retorno de los mototaxis a mucha gente le interesó entrar a esta actividad. El principal obstáculo era que no tenían dinero para comprar dichos vehículos, que en su mayoría son de fabricación china y se comercializan principalmente en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
No se sabe cómo surgió el enlace, pero resulta que los interesados en comprar mototaxis recurrieron a los “créditos” de las llamadas bandas de “Las goteras”, que son comandadas por colombianos que prestan dinero en efectivo en lo inmediato, pero a cambio de altísimos intereses y el uso de prácticas violentas, como secuestros, golpizas y hasta homicidios para cobrar las cantidades monetarias que ellos quieren.
El problema es que ese nexo les abrió la puerta a las bandas de “Las goteras”, que se instalaron en la región para prestar dinero y amedrentar a los mototaxistas, y empezar a establecer una red de extorsiones, asaltos y en ocasiones, venta de combustible ilegal.
Se sabe que no todos a los que les dicen “los colombianos” son ciudadanos de Colombia, sino que es el nombre genérico que se utiliza para referirse a los extorsionadores, que en muchos casos se acabaron apoderando de los mototaxis cuyos propietarios originales no pudieron pagar los desproporcionados préstamos e intereses que les fijaron las organizaciones criminales.
Todo lo que anteriormente se ha narrado en esta columna es de dominio público, los únicos que no se enteran son los cuerpos policiacos y el personal de la Fiscalía General del Estado. O fingen que no se dan cuenta.
