En apariencia la edil Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, se ha librado del juicio que ya se sigue contra 11 servidores públicos de su gobierno por ser presuntamente responsables de los delitos de tortura, abuso de autoridad y ocultamiento de información oficial en el caso de agresión que sufrieron las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, junto con unas feministas del colectivo Marea Purpura. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo, es que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría buscando que durante del desarrollo del proceso penal se demuestre que la presidenta municipal habría sido la autora intelectual del atentado que sufrieron las comunicadoras.
Hasta ahora todos los esfuerzos de la alcaldesa para librarse de este oscuro episodio de su gobierno han terminado en rotundos fracasos.
No le funcionó el desdén que utilizó al pronunciar la frase: “en realidad no pasó nada”, cuando habló por primera vez sobre la denuncia que las periodistas presentaron –en marzo de 2023—narrando que fueron detenidas ilegalmente por la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, que las incomunicó para ser objeto de golpes y abuso sexual por un grupo de uniformados, en los separos de la corporación.
Tampoco le ayudó la negligente actitud de la Fiscalía General del Estado que también tomó el caso y estableció que no había pasado nada.
Mucho menos le sirvió la supuesta intervención de funcionarios del ámbito estatal que le prometieron a la alcaldesa “frenar” este asunto.
Otro tropiezo de la presidenta municipal es haber despedido del ayuntamiento, en específico de la Unidad de Atención de Victimas del Delito, a la joven Socorro de la Barrera, como una manera de presionarla para que retractara de la declaración que ofreció ante la FGR señalando que Irene Olea habría sido quien dio la orden directa de torturar a las periodistas, junto con las feministas de Marea Purpura.
Socorro Barrera fue ejecutada –el mes pasado—por dos sicarios que llegaron hasta un auto lavado y les dispararon, sin fingir que se trataba de un asalto. Luego de este grave episodio, ante la opinión pública, se ha creado la firme sospecha de que la ex servidora pública fue silenciada para que no acabara de involucrar a la edil matamorense.
Pese a estos yerros, de pronto ha surgido la impresión de que la alcaldesa al final logró desprenderse de la responsabilidad de los graves abusos que sufrieron las periodistas del diario Enlace de la Mixteca.
Tal percepción surge debido a que, hasta ahora, se han celebrado dos audiencias del caso. La primera se concretó el sábado 11 de mayo de este año, en la que fueron vinculados a proceso el síndico del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, junto con el juez municipal, el secretario de Seguridad Pública y 9 agentes de la Policía Municipal por falsear la información oficial, en un intento de ocultar la ilegal detención de las periodistas.
La segunda audiencia, que duró más de un día y concluyó al filo de las 11 de la noche de este martes 16 de julio, se vinculó a proceso al juez municipal y 5 policías, por los presuntos delitos de tortura y abuso de autoridad.
Ante tales resultados, surge la pregunta: ¿Por qué Irene Olea salió intacta de ambas audiencias?
El hecho de que no siquiera fuera citada a la Casa de la Justicia Federal en donde se desahogaron las audiencias y la FGR presentó 103 pruebas de que, si hubo tortura contra las periodistas, hace suponer que finalmente la edil logró deslindarse del caso en cuestión.
Eso no es así, la alcaldesa Irene Olea Torres sigue en la mira de la FGR que buscará que se le vincule al proceso penal ya iniciado y si hay pruebas en su contra, se le declare culpable por ser la supuesta autora intelectual del episodio ominoso que sufrieron las periodistas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
La estrategia que está siguiendo la FGR, según relataron fuentes confiables, es la siguiente:
Desde un principio, la FGR planeó todo para que primero fueran citados y vinculados a proceso los autores materiales de los actos de tortura. En particular los 5 policías que directamente se encargaron de desnudar, golpear y tocar las zonas genitales de las victimas.
Cobra especial relevancia el juez de Izúcar de Matamoros, Jesús N, porque fue el encargado de levantar el acta de la detención de las periodistas, la madrugada del 11 de marzo de 2023, señalando que las habían aprehendido por “ensuciar la ciudad”, y todavía las impuso una multa, pese que había evidencias de la tortura sufrida por las jóvenes.
Lo más grave es que este personaje carece de titulo profesional y por ende, no estaba facultado para ejercer el cargo de juez municipal.
Ahora que ya estos personajes están vinculados a proceso por el delito de tortura y podrían alcanzar hasta 30 años de cárcel, tendrán que defenderse en el juicio y establecer, quien ordenó o consintió los martirios aplicados a las reporteras. La PGR confía que esa etapa donde podría salir a relucir el nombre de la edil, como quien dio “luz verde” para agredir a Natalie y Michelle Hoyos López.
El segundo “as bajo la manga” que tiene la FGR, es que hay dos testigos protegidos que declararon contra Irene Olea.
La principal testigo era Socorro Berrera, que la mataron en la víspera del inicio de la audiencia del juicio. Una coincidencia que despierta la suspicacia de que el homicidio de la joven habría ocurrido para que no se presentara a ratificar sus señalamientos contra la presidenta municipal.
Aún con esta grave perdida, se tiene confianza en la FGR de que el proceso penal va a avanzar de acuerdo con lo previsto.
Una cuestión desfavorable para Irene Olea es que en 3 meses se le acaba el cargo de alcaldesa y elj uicio de las periodistas, va para largo.
