Los centros de rehabilitación contra las adicciones podrían quedar sujetos a revisiones directas de la policía estatal si el Congreso de Puebla aprueba una reforma impulsada por Morena que actualmente permanece detenida desde hace más de medio año.
La propuesta, busca modificar el marco legal para permitir que la Secretaría de Seguridad Pública participe en supervisiones dentro de los llamados anexos, espacios que, según autoridades estatales, han sido utilizados por delincuentes para ocultarse o continuar actividades ilícitas.
El tema volvió a colocarse en la agenda pública luego de que el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reconociera que actualmente la dependencia tiene limitaciones legales para ingresar o intervenir en muchos de estos lugares, aun cuando existen reportes de violencia, consumo de drogas, privaciones ilegales de la libertad y presencia de grupos delictivos.
El funcionario reveló que la SSP ya elaboró un censo estatal que detectó alrededor de 240 anexos en operación, aunque admitió que la cifra podría ser mayor debido a establecimientos clandestinos que funcionan fuera de cualquier control oficial.
Hasta ahora, las revisiones recaen principalmente en autoridades sanitarias a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Sin embargo, el gobierno estatal considera insuficiente ese esquema de vigilancia, particularmente en casos donde existen denuncias relacionadas con seguridad pública.
La iniciativa, no es nueva, fue presentada originalmente en noviembre de 2025 y desde entonces plantea crear operativos conjuntos entre la SSP y la Secretaría de Salud, además de establecer mecanismos de supervisión periódica sobre las condiciones de internamiento, tratamientos aplicados y situación jurídica de los pacientes.
Sánchez González sostuvo que algunos delincuentes incluso se internan voluntariamente en anexos para evitar ser localizados por autoridades, situación que, dijo, ha convertido a ciertos centros en “nidos de delincuencia”.
Por su parte, Andrés Villegas, promotor de la iniciativa, pidió destrabar el análisis jurídico de la propuesta para que pueda avanzar en comisiones y posteriormente ser votada en el pleno del Congreso local.
