El nombramiento del próximo auditor del estado debe realizarse con total independencia del Poder Ejecutivo y su titular, y el perfil debe ser técnico y no político, expuso el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP).
En conferencia de prensa, el presidente del Colegio, Carlos Ramírez Sánchez, subrayó la necesidad de que el o la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) cuente con amplios conocimientos en el tema administrativo.
Carlos Ramírez Sánchez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Foto: Daniel Casas / Reto diario
“Tiene que ser un administrador público o contador público, y que su designación no dependa del gobernador, sabemos que no depende del gobernador sino de un Poder Legislativo, y seguramente el gobernador electo (Alejandro Armenta) así lo tiene considerado”, señaló Ramírez Sánchez.
Tras la renuncia de Amanda Gómez Nava al cargo el 26 de octubre del año pasado, por presunta corrupción y tráfico de influencias, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez fue nominado como encargado de despacho, pero se espera que en cuanto entre en funciones, la LXII Legislatura del Congreso local nombre a un titular de la ASE.
Negocios informales, en riesgo ante el SAT
En otro tema, José Luis Rodríguez Porras, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores, dio a conocer que se estima que, en este 2024, el 25% del producto interior bruto (PIB) del país provenga del comercio informal.
José Luis Rodríguez Porras, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores de Puebla. Foto: Daniel Casas / Reto diario
“En 2021, el porcentaje que ocupaba la informalidad del PIB era del 24% ya comprobado; para 2022 era de 24.4%, que todavía está en revisión, pero de mantenerse esta tendencia, es muy probable que para el final del 2024 esté rondando en el 25% de todo el ingreso que se recibe en nuestro país”, compartió.
Al respecto, el presidente del CCPEP, Carlos Ramírez Sánchez, alertó sobre el riesgo de sanción, por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que corren los negocios en situación de informalidad, si se les detecta movimientos financieros grandes, a través de la banca, notarías públicas o de sus propias empresas.
La Ley Antilavado de dinero, que se aplica en caso de movimientos financieros sospechosos, contempla sanciones que pueden derivar hasta en la pérdida del patrimonio familiar, aseveró el presidente del Colegio de Contadores.
Video: Daniel Casas / Reto diario
