Hace 11 meses las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López fueron detenidas ilegalmente, torturadas y abusadas sexualmente por agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros. Como resultado de una exhaustiva investigación de esos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado siete cargos contra 16 servidores públicos de ese municipio, siendo la principal la edil morenista Irene Olea Torres.
El juicio por este caso arranca este lunes y tiene como parte central, el demostrar que la alcaldesa Irene Olea habría autorizado la detención y tortura contra las comunicadoras y un grupo de activistas del colectivo feminista Marea Púrpura.
Desde la semana pasada un juez de justicia oral ha citado para este lunes a 10 servidores públicos y para una segunda audiencia, a otros seis el día 27 del presente mes. Entre los convocados a comparecer estarían la edil Irene Olea; el secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Enríquez Ramírez; el juez calificador Jesús Venancio Castro; así como varios agentes policiacos que intervinieron en los hechos delictivos. Los cargos que se les imputarían son tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, amenazas, entre otros.
La noche del 10 de marzo de 2023, las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López cubrían para el periódico Enlace de la Mixteca las actividades artísticas del colectivo Marea Púrpura, previo a la marcha del Día Internacional de la Mujer. Por esa razón fueron detenidas y llevadas a unos separos policiacos –en la calle La Traconera, en el retorno de Limones y la avenida Naranjos—en donde las amenazaron con desaparecerlas, las desnudaron, les revisaron sus genitales y las golpearon con macanas debajo de sus pechos.
Las aprehendieron a las 23:30 horas y liberaron pocos minutos antes de las 5 de la madrugada del día siguiente, tras obligarlas a pagar de manera conjunta 3 mil 800 pesos de multa.
El fondo de la agresión es que el padre de las jóvenes –ambas están aún cursando estudios universitarios— es Miguel Hoyos Bravo, un periodista crítico del gobierno de Irene Olea.
Una de las partes más relevantes de la investigación es que se aplicó el Protocolo de Estambul, que es una metodología que –desde 1999– diseñó la Organización de Naciones Unidas para examinar a las victimas de torturas y tratos inhumanos.
De acuerdo con el Protocolo de Estambul que aplicó la FGR resultó positivo en los casos de Michelle y Natalie Hoyos, al determinarse que ambas periodistas registraban signos de inestabilidad emocional, alteraciones de sueño, condiciones de pánico y problemas laborales, así como estudiantiles, como consecuencia de sufrir secuelas de tortura.
El expediente que elaboró la FGR abarca 10 tomos, con más de 12 mil fojas y tardó 10 meses en elaborarse. Es sin duda un precedente en la vida pública de Puebla, ya que nunca se había realizado una investigación tan profunda en torno a una agresión policiaca en contra de unos periodistas.
Por lo general siempre que hay un comunicador agredido, las autoridades ministeriales tienden a evitar que se investigue la actividad periodística del agraviado como motivo del ataque. Casi siempre se argumenta que se trató de “asuntos pasionales” o de “conflictos personales”.
Ahora eso no ocurrió, incluso trascendió que dicho asunto fue objeto de análisis en la mesa de seguridad de Palacio Nacional y ahí se dio “luz verde” para que se busque sancionar a los responsables, ante la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de no consentir la tortura y sin importar que esté involucrada una alcaldesa de la 4T.
La investigación logró, entre otros aspectos, hacer una reconstrucción con testigos y cámaras de video privadas, como la noche del 10 de marzo de 2023 los agentes de Seguridad Pública siguieron a las activistas de Marea Púrpura a lo largo de varias calles de Izúcar de Matamoros, sin que hubiera alguna causal.
Esa persecución demuestra que había un acoso contra las organizadoras de la marcha del Día Internacional de la Mujer –en particular hacia Citlalli Soriano Ortega, una de las líderes del colectivo–, que en este municipio decidieron realizar la movilización en cuestión una semana después de la fecha oficial.
Los testigos narraron como 18 agentes policíacos rodearon y bajaron de un vehículo a 4 mujeres y un hombre. Dos eran activistas de Marea Púrpura, las dos periodistas y un chofer. A las comunicadoras las apartaron y se las llevaron un sitio que tiene la policía afuera de Izúcar de Matamoros.
También se habría documentado como el ayuntamiento alteró los documentos oficiales para aparentar que no pasó nada esa noche. Esto se logró establecer mediante un cateo que duró dos días, en los que intervinieron 12 agentes y peritos de la FGR que revisaron el Palacio Municipal, la Dirección de Seguridad Pública y los separos policiacos.
Y se dice que habría “testigos protegidos” y una serie de comunicaciones telefónicas que demostrarían como la presidenta municipal fue enterada de que, entre las detenidas, estaban las periodistas y que entonces habría consentido de que fueran objeto de un interrogatorio y martirio.
Una de las victimas sostiene que ella escuchó, a bordo de la patrulla en que la trasladaron al arresto, de como los agentes policiacos le pasaban un reporte directo –por la radio del vehículo oficial—a la presidenta municipal.
Otra de las anomalías que descubrió la FGR es que el juez calificador Jesús Venancio Castro consintió que las periodistas estuvieran incomunicadas más de 5 horas, fueran martirizadas y al final les impuso una excesiva multa, bajo el argumento de que “habían ensuciado la ciudad”. Eso lo asentó en el filio 0393 y argumentó que aplicó el artículo 27, fracción I, del Bando de Policía y Buen Gobierno.
Sin duda lo que le pasó a Natalie, en su calidad de reportera, y Michelle como fotógrafa, no se justifica en ninguna norma oficial. No hay sustento por la tortura. Pero lo más grave es que Jesús Venancio Castro carecía de titulo y cédula profesional al momento de sancionar a las comunicadoras. Eso quiere decir que no tenía autoridad como juez.
Lo más grave es que alguien desde la SEP, una semana después de lo acontecido, le otorgó el titulo a Venancio Castro. Por lo que la cadena de complicidades se extiende más allá del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.
