Primer entierro:
Guillermo Aréchiga, secretario de Movilidad y Transporte, llega feliz y saludador a Casa Aguayo.
Tiene acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Han pasado algunos pocos meses desde que éste asumió la gubernatura del estado.
Yassir Vázquez, a la sazón subsecretario de la dependencia, ha empezado a informar sobre una supuesta red de corrupción que opera en el área del transporte con la complacencia del secretario.
El gobernador interroga a Aréchiga sobre las anomalías.
Éste se defiende.
Con las dos manos se lava la cara.
(También se limpia el sudor).
El aire se puede cortar con un dedo.
El gobernador le advierte que estará muy pendiente de las denuncias.
Aréchiga jura que todo es falso y se dice cuatroteísta de corazón.
Sale del acuerdo visiblemente nervioso y enojado.
Intuye que Yassir Vázquez es el culpable de esa situación.
Los meses pasan.
Yassir sigue armando el expediente sobre la red de corrupción en la Secretaría.
Hay un mapa minucioso en el que aparecen algunos apellidos ligados a esa red: Coca, Vigil Escalera, Del Moral, y otro Aréchiga: Rubén, hijo del secretario, ligado a cierto negocio de las cámaras de vigilancia en los autobuses.
También aparecen temas concretos:
Transporte pirata (solapado), concesiones entregadas como larines, cámaras de vigilancia, permisos…
Ufff.
Segundo entierro:
Las irregularidades se incrementan lejos de ir a la baja.
A la oficina del gobernador siguen llegando datos de la multicitada red.
“Aréchiga persevera en los actos anómalos”, le dicen.
Y algo que no estaba en el radar:
Desde la oficina del jurídico del secretario se arma el borrador de una iniciativa de reforma a la Ley del Transporte.
Iniciativa, faltaba menos, que le da a Aréchiga toda clase de atribuciones.
Antes de eso, empiezan a sucederse diversos encuentros entre el secretario de Movilidad y Transporte y el secretario de Gobernación, David Méndez.
Ambos se reúnen en oficinas públicas y espacios privados.
¿Qué traman?
Exacto:
La reforma a la Ley del Transporte.
Como un tren nocturno, la iniciativa llega al Congreso y se aprueba en la Comisión de Transporte y Movilidad.
Para entonces, Aréchiga ya tiene en el bolsillo al denominado G-5, integrado por los diputados Carlos Morales, José Armando García Avendaño, Guadalupe Esquitín, Liliana Luna y Uruviel González Vieyra.
En medio de un sigilo brutal, la reforma es aprobada en el Pleno.
Tercer entierro:
El gobernador se entera de la asonada, pero esta vez no por Yassir Vázquez.
(¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el silencio.).
La conspiración Aréchiga-Méndez sale a flote.
Miguel Barbosa tiene todas las pruebas en la mano sobre la red de corrupción.
La deslealtad y los actos irregulares —multiplicados al exceso— son la constante en esta trama.
Manotazo en la mesa.
Y una orden que llamará la atención de todos:
Un despliegue policiaco inédito para darle pie a la destitución del secretario Aréchiga y de sus principales colaboradores.
(Todas las computadoras quedan a resguardo de Seguridad Pública).
Horas después, 15:42 del 11 de marzo, Aréchiga suelta un tuit perturbador en el que le agradece al gobernador el tiempo que le permitió trabajar “en beneficio de las y los poblanos”.
La contrarreforma de la Ley del Transporte ya está en marcha.
Aparece la palabra FIN.
Baja el telón.
El Mayordomo Poblano. ¿Quién es el ex diputado del Partido Verde —actual valet de un prospecto a la Presidencia de México— que ha hecho mucho dinero a través de una facturera?
Algunos datos:
Es poblano, es un falso 4T, fue consentido de Beltrones.
(“Manlio”, le decía muy cariñoso. Con ese cariño que dan las canonjías, los acuerdos secretos, la condición de paria).
Dicha facturera —fábrica de facturas falsas— lo ha llevado lejos, aunque por ahora sólo despache como particular en lo privado de un personaje público.
Ya llegarán mejores tiempos que no sea escoger el abrigo mañanero —poblado de ácaros— y la corbata ad hoc con el estado de ánimo.
El Carnicero Feliz. La duda mata entre algunos funcionarios del ayuntamiento de Puebla:
¿Ya se habrá dado cuenta Claudia Rivera Vivanco del presunto fraude cometido por Raúl Corona al frente del Rastro Municipal una vez que éste perdió la certificación Tipo Inspección Federal (TIF)?
Las dudas siguen matando:
Juran que a pesar de los 12 millones de pesos que Corona recibió para atender las observaciones del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y conservar dicha certificación, nadie le exigió cuentas en el Palacio Municipal de Ciudad Gótica.
Sólo lo despidieron —con un generoso finiquito— y se olvidaron de preguntarle por ese recurso.
Corona anda muy quitado de la pena, faltaba más, y presumiendo sus muchas propiedades.
Por lo pronto:
El rastro apesta.
Fitis ritis in mermerus, locutus aproni
