La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, negó que el precandidato a la gubernatura por la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, Eduardo Rivera Pérez, haya violado la Ley Electoral en precampaña, tras los recorridos que hizo en los municipios del estado.
En rueda de prensa, dijo no tener esta misma apreciación, dado que durante este periodo tuvieron cuidado de solo acercarse con militantes y simpatizantes directos, quienes sumaron más de 14 mil personas de las cuatro fuerzas políticas que integran la alianza en reuniones a puertas cerradas.
“No tenemos, que yo sepa, ninguna denuncia al respecto”, afirmó.
Manifestó que en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), suman 22 procesos jurídicos que se encuentran ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), por actos anticipados de campaña como fue la colocación de lonas, espectaculares y la pinta de bardas.
Comentó que ya tuvo con encuentro con la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García, para conocer el estatus en el que están las carpetas de investigación, desde hace nueve meses que se inició el primer proceso y que hasta la fecha no ha tenido resolución.
.@Augustadrh, dirigente del #PAN, descartó que el aspirante a la gubernatura de la alianza “Mejor Rumbo de Puebla”, @eduardorivera01, incurrió en actos indebidos en su precampaña, por reunirse con la ciudadanía y pegar micro perforados en el transporte público /Vía: @AnahiValdezr pic.twitter.com/gZO5X7nsdW
— RETO diario (@retodiariomx) January 9, 2024
Al mencionar que ellos han sido respetuosos de las leyes, aseveró que en el periodo de intercampaña únicamente pueden hablar los dirigentes de los partidos políticos, mientras que los precandidatos están ocupados en otro tipo de actividades para la organización de sus futuras campañas.
Lo anterior, luego de que en redes sociales señalaron a Rivera Pérez por reunirse con personas de la sociedad civil en su gira y pegar microperforados con su imagen en las unidades del transporte público, hecho que se evidenció como violación a la Ley Electoral.
