La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria contra Anel Michel N. y Carlos Alberto N., quienes fueron declarados penalmente responsables de los delitos de homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa y violencia familiar, en agravio de un niño de dos años.
De acuerdo con las pruebas acreditadas ante la autoridad judicial, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2023, en un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Puebla capital.
En ese lugar, las personas sentenciadas agredieron física y verbalmente al menor de edad, utilizando diversos objetos y propinándole golpes en el cuerpo y la cabeza, acciones que vulneraron gravemente su integridad.
Fiscalía presentó pruebas durante el proceso penal
Tras la denuncia y la intervención ministerial, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres integró la carpeta correspondiente.
Durante el proceso penal, la Fiscalía aportó dictámenes médicos, periciales y testimoniales como parte de los elementos presentados ante la autoridad judicial para acreditar los hechos.
Después de valorar las pruebas aportadas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó imponer a cada una de las personas sentenciadas una pena de 28 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa.
A esta condena se sumaron 9 años y 9 meses de prisión por violencia familiar, por lo que la pena total para cada uno asciende a 38 años y un mes de cárcel.
Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal impuso una multa económica, tratamiento psicológico integral y suspensión de derechos.
En el caso de Anel Michel N., quien es identificada como madre del menor, la resolución también contempla la pérdida de la patria potestad.
FGE destaca sentencia por violencia contra un menor
La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que esta resolución forma parte de su actuación para procurar justicia ante casos de violencia cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Con la sentencia, el organismo estatal refrendó su compromiso de actuar con estricto rigor y cero tolerancia ante cualquier acto de violencia en agravio de menores de edad.
